El riesgo de monopolizar la transición energética. Por (*) Cristina Alonso Saavedra

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Estamos en pleno debate sobre el modelo de transición energética que el gobierno central está impulsando para lograr los objetivos marcados en el último Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Su definición determinará no solo la forma en la que producimos y consumimos nuestra energía si no que tendrá impactos en la economía, la sociedad y la naturaleza.

Potencia renovable instalada

En este sentido, los objetivos marcados en términos de potencia renovable instalada para el año 2030, unos 87 GW, parecen que serán más que cumplidos en el 2021: el 2019 cerró con un total 36 GW de potencia renovable instalada (eólica, fotovoltaica y solar térmica), lo que ha supuesto un 34% del total instalado (104,8 GW).

Además, en septiembre de este año ya había concedidos para su instalación 121, 2 GW con lo que en el 2021 ya tendríamos instalado más de lo previsto en el PNIEC para el 2030. Por tanto, el reto de un sistema 100% renovable para el año 2040 – como exigimos los movimientos ecologistas – es una realidad palpable, sin embargo, las formas de llegar distan mucho.

La gran mayoría de los proyectos, corresponden a grandes escalas en términos de potencia y de tamaño necesario para su implementación, y son llevados a cabo por grandes compañías energéticas o fondos de inversión.

Esto, además de seguir la senda histórica de un modelo energético centralizado y en manos de unos pocos, está teniendo unos grandes impactos medioambientales.

Grandes infraestructuras de renovables

La semana pasada más de 60 entidades lanzaron un manifiesto para proteger la Cordillera Cantábrica de monstruosos proyectos eólicos, y es solo un ejemplo de lo que ya venimos denunciando muchos movimientos sociales, colectivos y diferentes ONG´s.

Los impactos de las grandes infraestructuras de renovables también tienen un fuerte carácter social, donde la ciudadanía, aparte de no estar siendo protagonista de la transición energética, está viendo en muchas ocasiones cómo se produce un acaparamiento de sus tierras, que en el peor de los casos se materializa en una expropiación de éstas, o al menos en el intento.

Todo un ejemplo de absoluta irresponsabilidad y desprotección por parte de los gobiernos a la ciudadanía y al entorno en nombre de una mal llamada transición verde.

Comunidades energéticas

La obligación del gobierno, de acuerdo con las Directivas Europeas, es totalmente la contraria: la transición energética debe enfocarse hacia sistemas descentralizados que permitan además de una mayor resiliencia, una mayor democratización del sistema, y para que esto ocurra, la participación de la ciudadanía es una condición sine qua non.

En este contexto, las comunidades energéticas locales se erigen como actores claves.

Aunque su definición concreta es aún algo por determinar a nivel legal en Europa, las comunidades energéticas son una herramienta de avance hacia una sociedad más resiliente y justa, invirtiendo y operando con tecnologías de energía limpia.

Se ha constatado que refuerzan el bienestar social y económico de la comunidad al tiempo que reducen emisiones de C02 y preservan el medio ambiente.

De esta forma se proporciona un modelo económico y socialmente sólido que aborda los desafíos actuales para construir un futuro sostenible y más justo, como así lo demuestran varios estudios.

El actual Gobierno de España tiene ahora la oportunidad de impulsar las comunidades energéticas, a través de una buena transposición de las directivas correspondientes (Directiva (UE) 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad, y Directiva (UE) 2018/2001 de renovables), donde la ciudadanía sea partícipe en todo el proceso; con el establecimiento de un marco legislativo favorable y dotación de presupuesto necesario.

Nos encontramos ante todo un precedente en términos financieros, en torno a 72.000 millones de euros son contemplados en el fondo de recuperación y de reactivación.

Ya no hay excusa, sí hay recursos, y muchos.

El gobierno tendrá que decidir entonces si seguir favoreciendo al IBEX35 o apostar por una transición realmente justa social y ambientalmente.

La ciudadanía ya se está movilizando, mediante movimientos de resistencia y con alternativas de transformación -existen muchos ejemplos de iniciativas existentes de comunidades energéticas locales a lo largo de todo el territorio español y europeo.

Esto es un indicador de que el gobierno llega tarde, pero aún está a tiempo.

Existen los mecanismos y recursos para apostar por otro modelo de sociedad en el que hablar de transición energética signifique hablar de justicia ecológica y social.

¿Estará el gobierno a la altura?

Estaremos pendientes.

 

(*) Cristina Alonso Saavedra es responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra.

 

 

 

 

 

 

Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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