¿Reconstrucción verde o greenwashing? Por (*) Mario Rodríguez

La crisis del coronavirus ha evidenciado todo lo que nos jugamos si no nos anticipamos a los peores escenarios. Estamos en un momento crucial para garantizar que la reconstrucción económica, tras la dolorosa huella que ha dejado la pandemia tanto en Europa como en España, está marcada por la transición ecológica justa.

Los próximos 17 y 18 de julio se reúnen en Bruselas los jefes de Estado para discutir los planes de recuperación económica de la UE y se prevé que en los siguientes meses se discutan también los objetivos climáticos de 2030 y la ley europea de clima.

Medio ambiente

Casi al mismo tiempo, en España, está previsto que el Congreso debata y apruebe los cuatro documentos de conclusiones para la reconstrucción del país.

Nunca antes el medio ambiente había estado tan presente en el debate de reconstrucción económica tras una crisis y, sin embargo, puede que vuelva a ser el gran olvidado, pese a que nos enfrentamos a una crisis climática y de biodiversidad de enormes dimensiones.

No puedo evitar preguntarme si esta vez va en serio y si realmente -¡por fin!- se va a reinventar el sistema pensando en las personas y el planeta o si, por el contrario, vamos a asistir a un greenwashing en el que la música suene bien, pero la letra carezca de la  concreción, valentía y audacia que requiere la encrucijada histórica en la que nos encontramos.

Ayudas

La reconstrucción implica a prácticamente todos los sectores productivos y ya hay indicios preocupantes en los más contaminantes que apuntan a medidas parche, funestas para el medio ambiente y para nuestra vida a largo plazo: ayudas y rescates al sector turístico y a compañías aéreas sin condición alguna, planes de ayuda al sector automovilístico que incluye los motores de diésel y gasolina…

En definitiva, una inyección de fondos públicos a empresas privadas sin ningún tipo de condicionante ambiental o social.

En el ámbito autonómico la situación parece igual de inquietante: si no se pone remedio, podríamos estar ante una nueva burbuja del ladrillo y un debilitamiento de las leyes de protección ambiental sin precedentes.

El debate de la comisión parlamentaria de reconstrucción ha finalizado, por su parte, con una sensación de falta de concreción que nos alarma.

Todo parece indicar, salvo sorpresas, que no habrá condicionalidad social y ambiental en los rescates a las empresas más contaminantes, de las que no cabe esperar que miren más allá de sus cuentas de resultados.

El grupo parlamentario socialista -el Gobierno, al fin y al cabo- decidió retirar el apoyo previo mostrado, anulando con una enmienda transaccional toda condicionalidad para las compañías rescatadas.

Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un fondo de 10.000 millones para rescatar a las empresas que podrán continuar contaminando con dinero público.

Extraña forma de entender lo que es una transición ecológica justa.

La palabra greenwashing está cada vez más presente en mis pensamientos.

Transición verde

Otra cuestión en el aire es quién se hará cargo de costear estos rescates: los documentos no rechazan la lucha por un sistema fiscal justo y verde ni la progresividad de las medidas fiscales, pero tampoco lo concretan.

El mismo debate está teniendo lugar en Europa: los gobiernos necesitan los fondos para hacer frente a la crisis económica y acelerar al mismo tiempo la transición verde.

En este sentido, el Consejo Europeo de los próximos días 17 y 18 de julio puede ser clave en dos aspectos cruciales: por un lado, los condicionantes ambientales que van a regir las ayudas europeas y, por otro, el aumento del grado de ambición climática para 2030, que deberá estar concretado antes de final de año.

Para que la recuperación en el marco europeo sea realmente verde es preciso que se establezcan sólidas condiciones ambientales y sociales para los rescates y un objetivo anual vinculante de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para las empresas así como un plan para lograrlo.

Es fundamental, además, la exclusión del sector de los combustibles fósiles de los préstamos públicos subvencionados y de los programas de flexibilización cuantitativa de los bancos centrales.

Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace

Y, por último, para que el aumento del grado de ambición para afrontar la emergencia climática durante la próxima década sea eficaz ha de contemplar una reducción del 65% de las emisiones en 2030 respecto a 1990.

No hay tiempo para medias tintas. Es el momento de darle la vuelta al sistema.

¿De verdad vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica de construir una sociedad resiliente a las crisis?

 

(*) Mario Rodríguez es director ejecutivo de Greenpeace.

 

logotipo Greenpeace

 

 

 

Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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