El medio ambiente en la Constitución

El medio ambiente en la Constitución. Por (*) Asunción Ruiz

El medio ambiente en la Constitución. Por (*) Asunción Ruiz

Una Constitución solo puede situar los valores que la sociedad desea proteger dentro de su estructura, dotándoles de las características que correspondan, en cada caso, a su ubicación. En el caso de la Constitución española, el medio ambiente está considerado un “principio rector de la política económica y social” ya que el artículo 45, está incluido entre los “principios rectores de la política social y económica” (capítulo 3º del título I).

Se trata de una localización muy valiosa. Supone una norma de acción dirigida directamente a los poderes públicos, y significa que el medio ambiente es un valor que los poderes públicos tienen la obligación de promover, desarrollar, organizar y regular, como medio de llevar a la práctica una serie de derechos y conquistas que van más allá del puro ámbito de los intereses individuales. De este modo, la tutela ejercida por los tribunales no es la única garantía para hacer efectiva la vinculación de los poderes públicos al deber de protección ambiental. El único inconveniente de la ubicación actual del Artículo 45 es que el derecho al medio ambiente sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria “de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen”.

Por eso, podría ser de interés que el medio ambiente fuera también reconocido como un derecho fundamental (equiparado al derecho a la salud), que es algo que se viene reclamando por una parte de los grupos de defensa ambiental, pero sin perder su actual tratamiento como “principio rector de la política económica y social”.

Legislación ambiental

La legislación ambiental ha seguido un camino confuso y a menudo errático, en el que podemos diferenciar cuatro etapas:

  • De 1978 a 1986. Se daba una escasez normativa clara, y existían muchas lagunas o aspectos que no estaban regulados. Además, existían problemas para comenzar la construcción del estado de las autonomías y los consiguientes conflictos competenciales.
  • De 1986 a 1996. A partir de nuestra incorporación a la UE, se comienzan a redactar y promulgar nuestras leyes sectoriales (aguas, costas, conservación biodiversidad, aire etc.) incorporando (con sus dificultades) las directivas comunitarias. Son años muy productivos legislativamente, con normas sólidas y de calidad técnica. Son también años en que el medio ambiente ocupa un lugar destacado en las agendas políticas internacionales. (Lo uno suele ir con lo otro).
  • De 1996 a 2011. Las normas comienzan a complicarse, por el impacto de la normativa autonómica y sus relaciones con la estatal. Son necesarias numerosas sentencias de constitucionalidad para aclarar el ámbito competencial de cada administración.
  • De 2011 a la actualidad. Son años en que el medio ambiente va bajando en las prioridades políticas. El “paquete normativo” con el que contábamos comienza a modificarse, porque las normas de protección son vistas como un freno al desarrollo. En un contexto de crisis económicas se producen recortes y reformas muy negativas (Costas, Montes, Suelo y Biodiversidad). Esas reformas a menudo tienen lugar, no en normas específicas sino a menudo aprovechando la elaboración de otras. La técnica normativa decae y la complejidad se multiplica.

Coordinación deficiente de las administraciones

La dispersión competencial en sí misma no es un problema, a menudo, las responsabilidades compartidas son un buen modo de afrontar la gestión ambiental. El problema que existe es la deficiente coordinación de las distintas administraciones. Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico existen suficientes herramientas para acordar criterios y coordinar actividades, no se emplean de un modo adecuado, habitualmente por resistencias de carácter político que impide que gobiernos de distintos partidos cooperen.

La falta de coordinación y cooperación, que se traduce en un alto porcentaje de conflictos constitucionales generados por la elaboración de normas ambientales (en comparación con otras áreas legislativas), es un indicador de gobernanza ambiental, con contenido, en la actualidad negativo de acuerdo al trabajo sobre “Indicadores de Gobernanza ambiental” abordado por SEO/BirdLife.

La legislación ambiental no necesita ser reforzada (más allá de algunas reformas destinadas a mejorar su claridad o a devolverle el grado de protección perdida en las últimas reformas). Lo que necesita es que se garantice su cumplimiento.

Si bien el nivel de conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental ha crecido, también lo ha hecho el nivel de consumo, en muchos ámbitos hasta extremos claramente insostenibles (transporte, vuelos de avión, turismo masivo, empleo de plásticos, alimentación). Esta es una contradicción no resuelta a nivel social.

El cambio hacia la justicia ambiental que necesitamos pasará necesaria y urgentemente por un cambio profundo de las pautas de producción y consumo.

Principales retos de cara al futuro en materia de derecho medioambiental

Garantizar su cumplimiento, a través de una mejora de los sistemas de inspección y control, y también de una mejora de los recursos disponibles en las administraciones públicas y en la administración de justicia.

Conocer y cumplir mejor el derecho comunitario, para dejar de ser aun el estado miembro de la UE con más procedimientos de infracción abiertos por incumplimiento.

Mejorar la técnica legislativa mediante la elaboración de textos más sencillos y claros y menos casuísticos. En la misma línea de mejorar la claridad de las leyes, tratar de iniciar procesos de codificación (fusión y simplificación de normas legales aplicables al medio ambiente, como en el caso francés).

Conseguir que las normas sean lo más estables posibles, sin que sean sometidas a reformas permanentes cada vez que hay un cambio de gobierno. A lograr este objetivo ayudaría mucho el que se evaluara periódicamente el cumplimiento y eficacia de las normas aprobadas y que no se procediese a modificar ninguna norma legal que no hubiese sido objeto de esa evaluación.

La estabilidad de las normas legales genera confianza en los ciudadanos y seguridad jurídica a las empresas, y no deberían modificarse de manera aleatoria o para atender a las presiones puntuales de grupos de interés. Hemos asistido, recientemente a una modificación legal de nuestra Ley de Patrimonio y Biodiversidad que respondía en realidad al deseo de sectores de pescadores y cazadores de que la legislación sobre especies exóticas se ajustase de una manera más cómoda a sus expectativas. Esa reforma consistió, precisamente, en cambiar la normativa que el Tribunal Supremo ya había interpretado y consolidado, esfuerzo que, por lo tanto, devino en inútil. Actuar de ese modo supone un despilfarro de recursos de todo tipo, entre los que se encuentra el propio trabajo de los tribunales sentando jurisprudencia. La estabilidad de la legislación de un estado, máxime cuando se defiende un bien común como es el medio ambiente es, sin duda, un buen indicador de la madurez y calidad democrática de un país.

 

(*) Asunción Ruiz es directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

 

 

 

 Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde y EFEfuturo 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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