Los nuevos bonos serán verdes, sociales y sostenibles, o no serán. Por (*) Marta Barahona Arroyo (Gabeiras y Asociados)

Islas Azores. Bosque en Terceira. Fotografía de @arturolarena para EFEverde

El pasado 2 de octubre terminaba el plazo para dar respuesta a la consulta de la Comisión Europea (CE) sobre el Estándar de Bonos Verdes de la UE, que tenía por objetivo recopilar los puntos de vista de las partes interesadas y conocer las posibilidades de regulación futuras.

En este momento, en tema de finanzas sostenibles, dentro de las emisiones con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) hablamos de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles (híbrido de los dos anteriores). Además, es reseñable que, a pesar de la situación económica de este año, 2020 ha sido un buen año atendiendo a que la emisión del conjunto de este tipo de bonos se ha disparado en los últimos meses.

Según el Observatorio Español de Financiación Sostenible, a 15 de Julio de 2020, la cantidad emitida a través de este tipo de bonos sociales, verdes y sostenibles ascendió a 10.646 millones de euros, superando la emitida durante todo 2019 (9.756 millones de euros).

De todos estos bonos, los más comunes son todavía los bonos verdes, desempeñando un papel cada vez más importante en la transición hacia una economía baja en carbono. Cuando hablamos de bonos verdes nos referimos a aquellos en los que los fondos van destinados exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos de carácter ambiental o climático. Sin embargo, todavía no existe un estándar uniforme en la UE que impulse este mercado.

En este sentido, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados), ha publicado su respuesta a la consulta de la Comisión Europea (CE) sobre el estándar de bonos verdes de la Unión Europea (EU GBS, por sus siglas en inglés), que se enmarca junto con la creación de la taxonomía, en el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la CE. En su respuesta resalta la importancia de la creación de este estándar, al permitir una verdadera comparabilidad entre este tipo de productos y mejorar la transparencia del mercado, fomentando por tanto la emisión de bonos verdes. Además, este estándar garantizará también la alineación de los proyectos con la taxonomía, impulsando el camino hacia la economía baja en carbono.

Hasta este momento todos estos bonos ASG se emitían siguiendo las indicaciones de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés). Estas indicaciones recaían principalmente en 4 principios esenciales:

  • Uso de los fondos en proyectos sociales y/o ambientales.
  • Transparencia en el proceso de evaluación y selección de proyectos.
  • Claridad en la gestión de los fondos.
  • Elaboración de informes actualizados y de fácil acceso.

Además, también se recomienda que los emisores utilicen una compañía externa que revise y confirme la alineación de sus bonos con estos principios.

Mediante este Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, los proyectos que pueden ser financiados a través de la emisión de un bono verde se incluyen dentro de la taxonomía y las recomendaciones para la emisión las recoge ahora el Estándar de Bonos Verdes de la UE.

Por su parte, los bonos sociales y sostenibles deberán seguir atendiendo a las recomendaciones de la ICMA.

A pesar de que, como hemos comentado, los bonos verdes suponen el mayor porcentaje dentro de las emisiones ASG, la crisis de la Covid-19, ha sacado a la palestra el mercado de los bonos sociales, con los que se busca financiar proyectos que pretendan mitigar un problema social específico. Así, se han llevado a cabo grandes emisiones dirigidas a la financiación de infraestructuras básicas, a I+D+I o también dirigidas al sector sanitario. En este sentido, y como también indica la ESMA en su respuesta a la CE, es necesario avanzar en el desarrollo de una taxonomía para los bonos sociales, que ponga en valor este tipo de productor y fomente su emisión.

Si bien es cierto que se está hablando ya de una próxima taxonomía de la UE para los aspectos sociales y de gobernanza para finales de 2021, ésta es una tarea todavía complicada, ya que tanto la S como la G engloban una gran variedad de aspectos (capital humano, gobierno corporativo, derechos humanos, cadena de suministro, etc.). Es más, teniendo en cuenta que el desarrollo de la taxonomía verde ha durado aproximadamente dos años y ni siquiera engloba todos los objetivos ambientales, sino que estará más centrado, de primeras, en mitigación y adaptación al cambio climático (dejando para más adelante la incorporación de los otros cuatro aspectos), hasta 2023 o 2024 no se podría contar con este nuevo sistema de clasificación que consideramos tan necesario de cara a fomentar el mercado de los bonos sociales en los próximos años.

 

(*) Marta Barahona Arroyo

Experta en Sostenibilidad y Cambio Climático en Gabeiras y Asociados

 

 

 

 Creadores de Opinión Verde #CDO es un espacio de opinión colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde
 
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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