A propósito de la Ley General de Aguas en México: Lo menos que debemos hacer es opinar todos sobre un bien común

Fuente en Benamira (Soria) . Foto: Arturo Larena

Judith Domínguez Serrano*.- El 22 de marzo se ha celebrado el Día mundial del agua. Ahora que se cumple el plazo para la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados en el año 2000, la ONU ha elegido el tema de Agua y desarrollo sostenible como algo clave. El resultado, en muchos países en vías de desarrollo no fueron satisfactorios en materia de agua, especialmente en saneamiento.

Durante este periodo también se reconoció el acceso al agua y saneamiento como un derecho fundamental de las personas, un derecho humano inherente a la dignidad humana, y varios países realizaron reformas para orientar su acción pública hacia una cobertura universal de agua.

México particularmente, atraviesa por una serie de reformas estructurales en los grandes sectores económicos, después del petróleo ahora es el agua. Se trata también de un bien nacional, pero al cual las personas son más sensibles, pues directa y diariamente se vive y convive con –o no- con el agua.

Se reformó la Constitución para incluir en el capítulo de Derechos humanos el acceso al agua potable y se estableció un plazo de un año para su desarrollo. Después de tres años transcurridos, ahora que se pretendió pasar la Iniciativa de Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión, redactada por la autoridad del agua, las reacciones no se hicieron esperar. Protestas no sin razón, que cuestionan el fondo y la forma.

Una desafortunada tramitación política y una mala redacción han provocado confusiones y malentendidos en el imaginario colectivo y el resultado es una radical oposición a una propuesta del gobierno enviada a la Cámara de diputados para su aprobación. Y ha sido la válvula de escape para las inconformidades y los conflictos latentes que en torno al agua han estado ahí por años.

Las varias propuestas que circulan en torno a una Ley General de Aguas son reflejo de la falta de entendimiento tanto teórico como práctico de lo que significa reconocer y hacer valer un derecho humano. Ligados con la dignidad humana, son irrenunciables, indivisibles, imprescriptibles, y representan el mínimo vital que requiere un ser humano para vivir. Lo cierto es, que poco hemos comprendido este vínculo con la centralidad del ser humano y el lugar que ocupa en la naturaleza. Por razones ecológicas, económicas o políticas, las soluciones se sitúan en los extremos sin aparente reconciliación. Propuestas ciudadanas y académicas confrontadas con las gubernamentales, que no son más que el reflejo de la relación gobierno-sociedad que tenemos.

¿Qué significado adquiere en este contexto de crisis hídrica plantear un nuevo marco normativo de la gestión del agua en un país rodeado por agua como lo es México?

Si el objetivo es la seguridad hídrica las bases legales deben constituir el cimiento de la misma. Pero poco valdrán si no son aceptadas por sus destinatarios, si no se reconoce una realidad diversa del país y si no hay debate, deliberación social. Hablar de un bien nacional, como lo es el agua, tiene que conducir a la integración de todos los actores sociales en torno a ella, de aquellos que tienen algo que decir. Gobernanza es el reconocimiento conjunto de un problema, para de ahí buscar una solución.

Si realmente se quiere cumplir con un derecho humano como lo es el agua, interdependiente del derecho a la salud o a un medio ambiente sano, la ley debe ser clara. Esperemos que la futura Ley General de Aguas no desaproveche la oportunidad de corregir los errores que se plasmaron en el 2004, tanto en técnica legislativa, como en operatividad.

O corremos el riesgo, de aumentar la probabilidad – a la que se refería Amartia Sen – de que en el futuro, las guerras sean por el agua.

 

Judith Domínguez Serrano (1972) es Profesora Investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México

Judith Domínguez

*Judith Domínguez Serrano (1972) es Profesora Investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, una de las principales instituciones universitarias de América Latina. Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido Gerente de Políticas Públicas en la Comisión Nacional del Agua y ha trabajado como consultora en temas ambientales para instituciones como la OEA, el PNUMA, ONU HABITAT o la CEPAL. Integró el documento de posicionamiento de la Américas para el VI Foro Mundial del Agua.

Ha publicado cuatro libros. El más reciente, “Agua y Territorio”, fue editado en el 2013.

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