La reforma de la Ley de Costas. Un salto del negacionismo al autismo climático. Por Hugo Morán

Imagen de archivo del 23/10/05.- Vista de las instalaciones del faro de Ses Salines donde hoy ha quedado inaugurada la primera Estación de Investigación Costera de Cap Salines, en el municipio de Ses Salines, Mallorca

“La chiquillería iba construyendo murallas cada vez más altas en su juego con las olas. Éstas, inmisericordes, lamían sin descanso cada descarga de arena que los niños hacían con sus cubos de colores, y vuelta a empezar. La última lengua de mar superó todas las barreras y ni las mochilas con sus meriendas pudieron ser …

“La chiquillería iba construyendo murallas cada vez más altas en su juego con las olas. Éstas, inmisericordes, lamían sin descanso cada descarga de arena que los niños hacían con sus cubos de colores, y vuelta a empezar. La última lengua de mar superó todas las barreras y ni las mochilas con sus meriendas pudieron ser salvadas”.

El mismo día que en el Congreso de los Diputados la conocida mayoría parlamentaria del PP, tan absoluta como solitaria, aprobaba definitivamente la reforma de la Ley de Costas, se hacía público un informe del National Oceanic and Atmospheric Administration en el que se demuestra que la presencia de CO2 en la atmósfera alcanza hoy niveles nunca antes presentes en la Tierra en millones de años, y que estos datos anticipan profundos cambios en el clima y serios impactos en el nivel del mar.

Es cierto que en el devenir de la tramitación de la “Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas”, el texto se inició como un Proyecto aprobado por el Gobierno que ni siquiera mencionaba el fenómeno del cambio climático, siguiendo con el rechazo de todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en el Congreso que alertaban de tan alarmante carencia (un rechazo que se resumía en la frase lapidaria del portavoz popular Rafael Hernando comparando el cambio climático con la profecía maya del fin del mundo), hasta llegar al Senado, donde el propio PP decidió autoenmendar el texto incorporando un paquete de referencias al respecto.

Lo realmente sorprendente de este auténtico despropósito legislativo es que lo que debería haber sido una tarea previa a la elaboración de la Ley, que hubiese servido para dotarla de una sólida base científica y técnica, acabó siendo un mero recurso instrumental para justificar todo tipo de futuras infraestructuras, públicas y privadas, con el descarado argumento de que serán ejecutadas para luchar contra el cambio climático. Una auténtica burla, como a continuación veremos, que lejos de poder ser comparable con el juego infantil de detener las olas, se nos presenta con la crudeza de una gravísima irresponsabilidad de quienes están obligados a evaluar las consecuencias de sus decisiones y actuar en defensa del interés general.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicaba en 2012 un trabajo de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, titulado “Evaluación de la gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva Marco sobre Estrategia Marina”, una diagnosis sobre el estado del litoral español con un conjunto de recomendaciones de actuaciones encaminadas a su mejora desde la perspectiva de su convergencia con el mandato de la UE. Pues bien, esta evaluación llevada a cabo durante dos años de intenso y concienzudo trabajo, que debería haber servido de base para cualquier posible revisión de la legislación, ha sido consciente y negligentemente ignorado por parte del propio Gobierno, quien se autoencarga en la propia Ley reformada la elaboración de un trabajo similar a llevar a cabo en los dos próximos años.

Pero es que en 2010 España llevó a cabo la trasposición de la Directiva Europea sobre Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación de noviembre de 2007, y lo hizo mediante el Real Decreto 903/2010 en el que se fijaron los correspondientes hitos para su aplicación, (Evaluación preliminar del riesgo de inundación, diciembre de 2011; Mapas de peligrosidad y riesgos de inundación, diciembre de 2013; Planes de gestión del riesgo de inundación, diciembre de 2015). O lo que es lo mismo, se están anticipando decisiones sobre ocupaciones en suelos que previsiblemente habrán de ser declarados inundables.

A la vista del procedimiento de trágala que el Gobierno venía aplicando en la aprobación de un texto desprovisto del mínimo rigor científico exigible, más aún aprobado contra sólidos argumentos científicos conocidos y publicados, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia de expertos en el Parlamento a fin de incorporar opiniones contrastadas y objetivas al proceso de debate. La férrea mordaza que el Partido Popular ha impuesto a la comunidad científica en esta Ley culminó con el rechazo a admitir comparecencias de expertos, algo insólito en relación con una Ley que no incorpora el mínimo aval académico en su elaboración.

Y al final nos encontramos con un listado de ocupaciones del dominio público graciosamente otorgadas por el Gobierno, susceptible de ser generosamente ampliado en los próximos meses en atención a las múltiples peticiones que seguramente se producirán en los términos que la propia Ley permite, así como un nuevo marco temporal ampliado hasta los 75 años más para las concesiones de aprovechamientos. Y todo ello en aras de acabar con una pretendida inseguridad jurídica que choca frontalmente con la reiterada jurisprudencia que durante veinticinco años ha venido avalando la impecable constitucionalidad de la Ley de Costas.

Lo que el Gobierno no ha explicado es que al mar, en sus dinámicas litorales notablemente agravadas como consecuencia del fenómeno del cambio climático, no es posible obligarle a acatar los términos de una Ley política que algunos en su ignorancia pretenden colocar por encima de las Leyes de la Naturaleza. Que muy al contrario esta Ley debería haber sido elaborada sobre la base de un razonable principio de seguridad, y no atendiendo a la rentabilidad de un efímero cálculo de populismo electoralista. Claro que probablemente los responsables de este desatino ya no estarán ahí cuando alguien haya de responder por los daños que se avecinan.

13 de mayo de 2013.

Sobre el autor

Hugo Morán Fernández. es Secretario Federal de Ordenación del Territorio y Sostenibildiad del PSOE.




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