La legislación medioambiental brasileña y los retos para el desarrollo sostenible

En este artículo se pretende dar una visión muy general de la legislación brasileña en materia de medioambiente y exponer cuáles son los retos para que Brasil pueda obtener su desarrollo económico sin perjudicar el derecho al medioambiente saludable para futuras generaciones.

Por Rafael Feldmann* para CDO de EFEverde.- Es de sobra conocido que Brasil es el país con la mayor biodiversidad del mundo: actualmente, alberga 55.000 diferentes especies de plantas y tiene una superficie de aproximadamente 5.280.000 km² de vegetación virgen (alrededor del 62% del total de su territorio). Por otra parte, Brasil tiene una gran necesidad de desarrollo económico a lo largo de las próximas décadas. A pesar de que, según el Banco Mundial, figura como la séptima economía más grande del mundo, el país tiene altos índices de pobreza y una de las peores y más injustas distribuciones de ingresos, lo que demanda una solución lo antes posible.

Así, el principal problema que se plantea es: ¿Cómo Brasil puede conciliar el desarrollo sostenible, preservar el medioambiente y aún así mantener altos índices de crecimiento económico? Desde mi punto de vista, esto es posible mediante la debida ejecución de la legislación medioambiental, la cual ya está preparada para gestionar este gran reto, aunque todavía, esta misma legislación necesita de una aplicación más amplia por parte de los organismos públicos y de la sociedad como un todo.

Desde la nueva Constitución Federal de Brasil, promulgada en el año de 1998, hay un deber de todos en preservar el medioambiente, teniendo en cuenta también las generaciones futuras. En este sentido, hablaremos de los detallados procedimientos de obtención de permisos medioambientales para actividades contaminantes y del régimen de responsabilidad por daños.

De manera acertada, ningún proyecto de infraestructura se puede ejecutar sin que se haya otorgado previamente el debido permiso, lo cual es obligatorio a todos los establecimientos que son considerados efectiva o potencialmente contaminantes. Es por este procedimiento donde se hace el control de estándares de contaminación y demás gestiones desde el punto de vista estatal.

Además, Brasil tiene un sistema de responsabilidad muy riguroso, pero coherente, con respecto a los daños causados al medioambiente. Por la misma Constitución, las conductas lesivas conllevarán sanciones administrativas y penales, independientemente de la obligación de reparar el daño causado. Es decir, un supuesto infractor medioambiental en Brasil puede, al mismo tiempo y por el mismo hecho, ser obligado a reparar el daño, pagar una multa y aún ser condenado a pena de cárcel.

Recientemente, en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Brasil-España y Pérez-Llorca, expuse este tema con el foco puesto en las inversiones españolas realizadas en Brasil. En esta charla se debatió que el problema no está tanto en entender la ley sino en la tardanza exagerada para obtener los permisos, la cual existe por una estructura insuficiente de los órganos públicos de control medioambiente. Es básicamente un problema de quórum de agentes, es decir, un número demasiado pequeño de profesionales frente a una demanda tan importante.

Si hablamos de la responsabilidad de los infractores, la situación es aún más preocupante, como ocurre, por ejemplo, en la fiscalización de la Amazonia. La selva tiene una superficie de 4.196.943 km², pero el Gobierno cuenta solo con aproximadamente 1.500 agentes de fiscalización en tierra. Un cálculo muy directo aquí nos lleva a concluir que cada agente es responsable de una superficie aproximada de 2.797 km², lo que es cerca de 4,6 veces el tamaño de la ciudad de Madrid. Evidentemente, aparte de los avances de los últimos años en la tecnología de satélite y las recientes restricciones de préstamos que el gobierno brasileño ha impuesto en este tema, aún hay mucho lo que hacer.

Por lo tanto, para un crecimiento económico entrelazado con el desarrollo sostenible, lo más importante es garantizar que la legislación existente sea debidamente cumplida. Teniendo en cuenta la gran cantidad de inversiones extranjeras y la mejora de la economía de Brasil en los últimos 10 años, no hay mejor oportunidad que ahora para el Gobierno para llevar a cabo una mejor capacitación de los órganos de control medioambiental, con la contratación de más agentes y una mejor estructura gubernamental.

*Rafael Feldmann, abogado brasileño de Mattos Filho, actualmente en secondment en Pérez-Llorca.




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