Inglaterra presenta su informe anual sobre la aplicación de la normativa ambiental. Por (*) Alexandra Farbiarz Mas

Inglaterra presenta su informe anual sobre la aplicación de la normativa ambiental. Por (*) Alexandra Farbiarz Mas

La Agencia Ambiental de Inglaterra tiene como objetivos trabajar con empresas y otras organizaciones de gestión de residuos, aumentar la resiliencia de las personas, las propiedades y las empresas ante los riesgos de inundaciones y la erosión costera, proteger y mejorar las aguas, la tierra y la biodiversidad, mejorar la manera en que tiene de trabajar como regulador para proteger las personas, el medio ambiente y apoyar el desarrollo sostenible. Cada año emite un informe sobre los aspectos más destacables sobre su actividad, documento que no tiene parangón en España, que, sin embargo, el convenio de Aarhus demanda de las autoridades públicas.

Por medio de este informe sobre la aplicación y efectividad de la normativa ambiental respecto a las empresas sujetas a permisos ambientales, la Agencia Ambiental de Inglaterra conviene que, a pesar de las mejoras que se han dado en las dos últimas décadas, la normativa debe ser aún más efectiva para mejorar el entorno y la gestión ambiental de la industria.

La Agencia Ambiental inglesa es la responsable de:

  • dar permisos a empresas y particulares;
  • establecer los estándares ambientales de estas empresas asegurando que no dañen ni a las personas ni al medio ambiente;
  • revisar los permisos y guías de los estándares ambientales;
  • controlar empresas y particulares en el cumplimiento legal ambiental;
  • investigar incidentes y quejas;
  • de paralizar actividades ilegales que dañan a las comunidades y al medio ambiente local;
  • de fomentar las ayudas a los negocios y a las industrias para que cumplan la normativa con los permisos correspondientes;
  • aplicar sanciones proporcionales y reforzar la acción para que las empresas vuelvan al cumplimiento normativo;
  • utilizar todo el peso de la ley para acabar con las actividades ilegales;
  • recabar información y proveer evidencias del estado del medio ambiente para asesorar al Gobierno;
  • y trabajar conjuntamente con otras entidades reguladoras que manejan otros impactos ambientales como la calidad del aire, la agricultura o los accidentes industriales.

En este informe se recuerdan los retos ambientales a los que se sigue enfrentando Inglaterra revisando la actividad empresarial relativa al medio ambiente en el periodo entre abril de 2017 y marzo de 2018, repasando los accidentes y delitos ecológicos del país pero también poniendo el acento sobre aquello que ha mejorado respecto a años anteriores.

Y éstas son los principales hechos destacables:

  • Los incidentes considerados (se contabilizaron 419) como graves en cuanto a contaminación bajaron en un 18% comparado con el 2016. Las actividades que más contaminaron fueron empresas del sector agropecuario (68), seguido por el de la gestión de los residuos (65) y en el tercer puesto las compañías de agua (52).
  • Se paralizaron 812 actividades ilegales de gestión de residuos, es decir más de 2 al día, aproximadamente los mismos que en 2016. Las investigaciones de la Agencia Ambiental encontraron otros 856 sitios nuevos donde hubo actividad ilegal de residuos.
  • De las 14.000 actividades autorizadas por el Reglamento de Permisos Ambientales (Inglaterra y Gales) -iniciado en 2010 para controlar ciertas actividades que podrían dañar el medio ambiente o la salud humana-, el 93% estaban en las bandas A y B, es decir que cumplen con las condiciones de sus permisos ambientales, mientras que un 3% se quedaron en las bandas con puntuación más baja, es decir la S, la E y la F, afectando a 53 plantas de residuos no peligrosos, 37 vertederos, 18 plantas de gestión de residuos de metales, 18 plantas de biorresiduos y 24 industrias de otros sectores (plantas de aguas residuales u otras industrias como residuos mineros).
  • El 68% de los residuos producidos por los centros autorizados fueron valorizados, lo que representa un 1% más que en 2016.
  • Los tribunales multaron a las empresas con un total de 25,5 millones de libras esterlinas por delitos ambientales, un enorme aumento respecto a los 8 millones de 2016. Esto se debió a una multa sin precedentes de 20 millones de libras esterlinas debido a la sanción que se impuso a una empresa de agua.
  • Desde el 2000, las empresas redujeron sus emisiones de óxido de nitrógeno en un 71%, el óxido sulfúrico en un 93% y las partículas finas en un 51%.
  • Se utilizaron 5 millones de toneladas de residuos en beneficio de la agricultura, 2 millones más que en 2011.
  • Las emisiones de amoniaco provinieron en un 88% de la agricultura. Si bien uno de los sectores más regulados son las granjas intensivas de cerdo y de ave de corral, éstas solo representan el 6% de las emisiones de amoniaco en Inglaterra.
  • Respecto a las descargas radioactivas bajaron en 1995 en un 60% y en 2001 en un 92%.
  • En cuanto a la calidad de las aguas para bañarse la calidad, ésta bajó ligeramente respecto al 2016 de un 98, 5% a un 98,3% en 2017.

El informe también precisa que quieren asegurar la fiabilidad de seguir aplicando la normativa ambiental (principalmente derivada de la UE) y reforzar los parámetros ambientales después de la salida del Brexit prevista en marzo de 2019.

Este tipo de informe responde bien a las prerrogativas del Convenio de Aarhus, la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales puesto que en él se indica en su artículo 5.2, sobre recogida y difusión de informaciones sobre el medio ambiente, lo siguiente:

  1. Cada Parte procurará que, en el marco de la legislación nacional, las autoridades públicas pongan a disposición del público, de manera transparente, las informaciones sobre el medio ambiente y que esas informaciones sean efectivamente accesibles, en particular:
  2. a) Proporcionando al público informaciones suficientes sobre el tipo y el alcance de las informaciones sobre el medio ambiente que obren en poder de las autoridades públicas competentes, sobre las principales condiciones en que estén disponibles y sean accesibles esas informaciones y sobre el procedimiento que haya de seguirse para obtenerlas;

y su artículo 7. C establece también la obligación de:

  1. c) comunicará de forma apropiada informaciones sobre la manera en que la administración, a todos los niveles, desempeña las funciones públicas o presta servicios públicos relativos al medio ambiente.

A falta de una agencia ambiental estatal, convendría que desde el Ministerio de Transición Ecológica se instara a la coordinación con las comunidades autónomas para poder tener un mapa general de en qué punto se encuentra la salud normativa ambiental y, por ende, del medio ambiente. Es una forma de rendir cuentas y, por lo tanto, un ejercicio de transparencia tanto hacia la ciudadanía como hacia el sector económico que se encuentra afectado por una normativa muy cambiante debido a los retos y nuevos paradigmas económicos y socioambientales.

Pueden acceder al informe completo de la Agencia Ambiental del Reino Unido en este enlace.

(*) Por 

afarbiarz@terraqui.com
http://www.terraqui.com
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Comunicóloga, formadora y coach. Licenciada en Sociología por la UB (1997). Máster en Comunicación Científica, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente por la Universidad Pompeu Fabra (2000) y Máster en Coaching Personal por la Escuela Coach Creativo (2009). Especializada en mejora de la comunicación para organizaciones y personas, cuenta con más de 10 años de experiencia como responsable de comunicación para entidades públicas y privadas, como divulgadora y como organizadora de eventos técnicos y culturales, principalmente en el sector del medio ambiente.

Este artículo se publica simultáneamente en www.terraqui.com y se reproduce con su permiso

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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