El camino hacia la gobernanza empresarial sostenible. Por (*) María Molina Martín

El pasado 8 de octubre concluía el plazo de participación pública en la evaluación previa de impacto de la iniciativa de la Comisión Europea sobre gobernanza empresarial sostenible (Sustainable Corporate Governance); se trata de una iniciativa para la mejora del gobierno corporativo que permita a las empresas centrarse en la creación de valor a largo plazo en lugar de beneficios cortoplacistas mediante la alineación de sus estrategias con distintos grupos de interés (empleados, administradores, sociedad…) y no solo los accionistas.

Esta propuesta viene a completar, no obstante, los avances en la alineación en la dirección opuesta e igualmente imprescindible: la de los accionistas con los objetivos a largo plazo de las empresas.

La actual iniciativa también deberá estar en línea con la revisión de la directiva de información no financiera en materia de due diligence.

Gobernanza

La regulación en materia de gobernanza resulta fundamental en tanto que será el motor interno necesario para ajustar un mercado competitivo a los aspectos de sostenibilidad.

Hasta ahora la creciente demanda no ha sido suficiente frente a los intereses y presiones de los accionistas; tampoco las regulaciones nacionales allí donde las hay, ya que, a menudo resultan de adhesión voluntaria (como nuestro Código de Buen Gobierno) o, tal y como apunta la Comisión, se refieren a términos como actuación de los consejos “en interés de la empresa” con la diversidad de interpretaciones que ello permite (entre otras y, de nuevo, el interés de los accionistas o intereses puramente financieros).

Esta iniciativa busca mejorar el marco de gobernanza para incentivar a los consejos de administración a integrar adecuadamente distintos intereses, riesgos e impactos en su dirección estratégica de la empresa, así como en su función de supervisión.

Sostenibilidad

En el marco general del Green Deal, en palabras de la Comisión esta iniciativa se justifica a partir de la premisa de que “la sostenibilidad debe integrarse en el marco de gobernanza, ya que muchas empresas todavía se centran demasiado en el desempeño a corto plazo”.

Ahora, a partir de la estrategia Next Generation, parece que instituciones, empresas y sociedad aceleran el paso.

Y es que la urgencia apremia y el marco regulatorio debe estar a la altura para contribuir a la máxima eficacia de los recursos públicos y privados que se van a destinar a la recuperación de la crisis del COVID 19 y que tienen una marcada “línea verde”.

Esta crisis ha demostrado, por su parte, que las empresas con mayor rendimiento social y medioambiental presentan comportamientos más resilientes, de modo que el camino de la sostenibilidad, incluso desde el enfoque más económico “rentabilista” y pragmático, se ha mostrado no solo como el único sino como el mejor posible.

Y es que no solo el contexto ni solo la regulación ponen el foco en la necesidad de alinear los intereses empresariales con objetivos sostenibles a largo plazo.

Actividad sostenible

La propia lógica empresarial, la rentabilidad económica y la continuidad del negocio, encuentra su estrategia de futuro solo a través de una actividad sostenible.

Claro está que a ello contribuye también el cambio social y de exigencias desde la demanda.

Lo interesante es que, en poco tiempo, hemos visto como se alzan voces desde la sociedad civil exigiendo compromiso empresarial, iniciativas empresariales que, aunque puedan incluir intereses en materia de competencia, buscan una competencia mejor exigiendo un marco jurídico facilitador de un desarrollo de negocio más sostenible.

Todo apunta a que dicho marco avanza a nivel europeo.

No obstante, no se nos debe escapar que el camino hacia la sostenibilidad debe ser global y, en este sentido, dos acontecimientos marcarán las esperanzas a corto plazo hacia una mayor responsabilidad corporativa internacional: la reunión a finales de octubre del grupo de trabajo de Naciones Unidas que avanza hacia un acuerdo para un Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos y las elecciones de EEUU del 3 de noviembre.

Finalmente, a efectos del impacto de esta iniciativa, la Comisión destaca un resultado positivo neto en los aspectos sociales, medioambientales, de derechos,…

Costes

Es en el aspecto económico donde encontramos el escollo: es indudable que las empresas incurrirían en costes de adaptación de sus objetivos y estrategias y en la concreta incorporación de las nuevas obligaciones; sin embargo, estos costes a corto plazo, son una inversión a largo plazo que mejorarán el riesgo de exposición, la eficacia y el desempeño de la empresa.

María Molina Martín

El riesgo de que algunas empresas no se suban “al carro de la sostenibilidad” por el coste de adaptación debería verse minimizado con una regulación efectiva en el sentido de la presente y otras en la línea comentada; el riesgo del tejido empresarial que pudiera perderse por el camino debe igualmente ser atendido por la regulación: resulta fundamental que el diseño de la misma parta de un principio de proporcionalidad real que permita soluciones diferentes, evitando las cargas excesivas (a nivel de reporting principalmente), que permitan resultados con un máximo de exigencia respecto del objetivo final.

 

 

(*) María Molina Martín es directora del Área de Finanzas Sostenibles y Compliance Financiero de Gabeiras y Asociados.

 

 

Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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