Finanzas verdes: la combinación ganadora para la descarbonización. Por (*) Andrea González y Sara Ramón

emisiones en España

Para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, es necesario un volumen de inversión tan elevado que los gobiernos por sí solos no pueden asumir. Esta es una realidad que trasciende a todos los objetivos de desarrollo sostenible identificados por Naciones Unidas en 2015 y enmarcados en la denominada Agenda 2030.

Agenda 2030

Lo más innovador de esos 17 objetivos, teniendo en cuenta el volumen de recursos necesarios para alcanzarlos, es el papel de las empresas privadas, llamadas a formar parte activa del desarrollo sostenible, tanto de forma independiente como en formato de colaboración público-privada.

En este contexto, y teniendo en cuenta las abrumadoras evidencias de la emergencia climática de los últimos años, el papel de las finanzas sostenibles como canal de movilización de capitales hacia la lucha contra el cambio climático ha generado un interés enorme.

No sólo bancos centrales y gobiernos han emitido a día de hoy un gran volumen de bonos verdes dedicados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, sino que desde las entidades financieras privadas se están diseñando productos de inversión, metodologías de medición y mecanismos de control del riesgo vinculados a los asuntos climáticos a gran velocidad.

Climate Action 100+

Desde el ámbito privado, los últimos avances en metodologías de alineación de carteras de inversión con escenarios de calentamiento global, el diseño de fondos de inversión temáticos descarbonización, la oferta de productos sostenibles retail (como hipotecas verdes y préstamos al consumo sostenible) o la creación de plataformas de voto activo como Climate Action 100+ son ejemplos de vanguardia, innovación y compromiso de aquellas entidades que están abanderando la lucha contra el cambio climático desde el sector financiero.

Climate Action 100+, en concreto, destaca por su originalidad y su carácter de cooperación: es una iniciativa cuyos signatarios (actores del sector financiero) se comprometen a actuar para que las empresas emisoras de gases de efecto invernadero más grandes del mundo toman medidas para alinearse con los Objetivos de París.

Finanzas sostenibles verdes

Desde el sector público, además de las emisiones de bonos verdes y sociales, es destacable el desarrollo de marcos regulatorios de transparencia y estímulo a las finanzas sostenibles verdes.

Para que a través del sector financiero se pueda contribuir eficientemente a la transición hacia una economía baja en carbono, sin caer en malas prácticas como el “ecoblanqueo” (más conocido como greenwashing), el apoyo regulatorio es fundamental.

En el caso de las instituciones comunitarias, es protagonista indiscutible el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea; en torno al que se ha desarrollado normativa relativa a la divulgación obligatoria de información no financiera para empresas de un tamaño determinado, una taxonomía de actividades verdes, el estándar de bono verde europeo y las recomendaciones para la elaboración de dos índices de referencia climáticos: uno de transición y otro de alineación con los objetivos del Acuerdo de París.

En el caso español, destaca la tramitación parlamentaria aún en curso de la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética, que incluye una movilización de más de 200.000 millones de euros en inversiones y que dedica su artículo 18 a las entidades financieras y a la publicación por parte de éstas de un informe anual de evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático, incluyendo los riesgos de transición y las medidas adoptadas al respecto.

Transición justa

En 2016 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático presentó el estudio “Just Transition of the Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs” donde se indica que la transición justa consiste en alcanzar un sistema en el que toda la economía gire en torno a la sostenibilidad, incluyendo medidas para reducir la pérdida del empleo y evitar el efecto de la eliminación de la industria en las comunidades y trabajadores; y medidas para producir nuevos empleos y sectores decentes y “verdes”, y comunidades sanas.

Las finanzas sostenibles, incluso en su momento más ambiental (A), no renuncian a los criterios sociales (S) y de gobernanza (G). Esas tres dimensiones están altamente interrelacionadas.

Un fondo sostenible es sostenible por considerar los criterios ASG en conjunto, al margen del resto de criterios de selección de valores, que pueden ser exclusivos ambientales o sociales.

La regulación tanto española como europea relativa a finanzas verdes contempla una estrategia de transición justa derivada de la transición ecológica.

Al igual que en el análisis de sosteniblidad de una cartera de inversión verde no se renuncia al ninguno de los criterios ASG, en la búsqueda de la recuperación económica a la pandemia de la COVID-19 no es necesario renunciar a la acción climática.

Andrea González (izda) y Sara Ramón (dcha).

Y en este escenario, las finanzas verdes tienen mucho que aportar: tras la crisis sanitaria parece que el Green Deal se ha convertido en el marco de referencia para  la recuperación, para aprovechar el potencial de creación de empleo de la transición energética y para afrontar las crisis económica y climática a la vez.

 

 

(*) Andrea González es subdirectora de Spainsif, y Sara Ramón es responsable de Promoción y Comunicación de Spainsif.

 

Spainsif

 

 

Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde 

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