El tiempo no pasa por el CSN. Por Carlos Bravo

El tiempo no pasa por el CSN. Por Carlos Bravo

Hace ya treinta años que se creó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y parece que el tiempo no pasa por él. En la práctica, hoy sigue siendo el mismo organismo oscurantista y pronuclear que era cuando se creó en 1980, heredero directo de la Junta de Energía Nuclear (JEN), creada por el régimen franquista a principios de los años 50.

El secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. Esta, que se presenta a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología. Por eso, sistemáticamente trata de evitar que la sociedad sea conocedora de sus problemas de seguridad y de su negativo impacto ambiental. Si eso es negativo, peor aún es que el organismo regulador (en España, el CSN) le ampare en sus propósitos.

Industria nuclear y CSN

El escape al medio ambiente de partículas radiactivas de cobalto-60 provocado por la central nuclear de Ascó-1 (Tarragona) a finales de 2007 fue una nueva demostración de la política obscurantista de la industria nuclear y del CSN. Aunque este accidente radiactivo ocurrió entre noviembre y diciembre de 2007, la opinión pública sólo fue informada de ello varios meses después, en primera instancia por medio de Greenpeace, quien lo denunció el 5 de abril de 2008, tras ser alertada al respecto por trabajadores. Luego quedó demostrado que el suceso era conocido desde mucho antes por la central nuclear, y también, al menos con algunos días de antelación, por el CSN. A pesar de conocerlo de antemano, fue sólo la denuncia pública realizada por Greenpeace la que obligó al titular de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), a salir de su mutismo y a reconocer la existencia del escape. Hasta los alcaldes de la zona se enteraron de ello por la prensa.

Aún así, la primera reacción del CSN fue la de alinearse con ANAV y, haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la situación, tratar de minimizar la importancia del escape de Ascó-1 y negar que hubiera impacto radiológico alguno (“El CSN descarta riesgo radiológico en Tarragona”, comunicado de prensa del CSN del 7 de abril de 2008). Y lo hizo a pesar de no conocer en ese momento en detalle la verdadera causa del accidente, ni la cantidad real de radiactividad liberada. Posteriormente tuvo que reconocer que la radiactividad liberada era mucho mayor de lo que inicialmente admitió. Pero desde el primer momento, al CSN le preocupó más “la fuga informativa” (provocada por Greenpeace) que la propia fuga radiactiva (provocada por la central nuclear), y en consecuencia dedicó más esfuerzos a tapar la primera que a aclarar la segunda.

CSN y el accidente de Vandellos I

Su connivencia con el sector al que supuestamente vigila y controla fue la causa por la que el CSN no pudo evitar el accidente de la central nuclear de Vandellós-1 en octubre de 1989, a pesar de ser conocidas múltiples deficiencias en su seguridad; también fue por lo que, en 2003, permitió que la unidad 2 de la central nuclear de Almaraz arrancase con un generador diesel de emergencia indisponible, en uno de los episodios más lamentables protagonizados por el CSN; fue por eso que ni evitó ni supo gestionar el accidente de la central nuclear de Vandellós-2 en agosto del 2004, en el que falló de forma estrepitosa el sistema de agua de servicios esenciales, uno de los sistemas de refrigeración de emergencia de la central, a la que dejó funcionar durante meses en “condiciones de seguridad degradada”, como la entonces Presidenta del CSN tuvo que reconocer ante el Congreso de los Diputados.

El cúmulo de sus defectos fue lo que impulsó a Greenpeace a proponer a los partidos políticos una reforma de su Ley de creación del CSN. Una reforma que tenía por objeto abordar su reconversión democrática, para hacer del compromiso con la ciudadanía el único y verdadero motor de su funcionamiento. Esta propuesta mereció la atención del grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que la hizo suya, y que fue formulada ante el Congreso de los Diputados como proposición de ley en septiembre de 2005. Seriamente “descafeinada” por los grupos mayoritarios durante su tramitación, esta proposición se convirtió en noviembre de 2007 en la Ley 33/2007.

Una de las pocas propuestas del texto original que se lograron mantener en el trámite parlamentario fue la de la creación de un Comité Asesor externo que deberá velar por la transparencia de las actuaciones del CSN, así como por fomentar la información y la participación pública. Este Comité, donde legalmente se reservan dos asientos para los grupos ecologistas, debería haber empezado a funcionar en septiembre de 2008. Pero ni el CSN ni el Ministerio de Industria tienen el más mínimo interés en que se cumpla la Ley. ¿Para qué darles baza en temas tan importantes como la revisión de seguridad de las centrales nucleares, o en suceso como el escape radiactivo de Ascó?. ¡Viva el secretismo y la opacidad!

Carlos Bravo es responsable de las campañas de energía nuclear de Greenpeace

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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