La Constitución, la mejor garantía para la transición ecológica. Por (*) Teresa Ribera

La Constitución, la mejor garantía para la transición ecológica. Por (*) Teresa Ribera

@TeresaRibera.- Hace 40 años los padres de la Constitución decidieron que en la propuesta del marco de convivencia fundamental sobre el que los españoles deberíamos cimentar nuestro modelo de desarrollo, la protección del medio ambiente debía tener un espacio relevante.

Probablemente la presencia de sólo un artículo en un texto tan amplio pudiera parecer insuficiente, pero su inclusión en la Carta Magna ofreció la posibilidad de construir una arquitectura de sostenibilidad que hoy es vital para abordar los retos a los que se enfrenta nuestro país, Europa y el planeta.

Acertaron. Y lo hicieron en un contexto social, político y económico complicado, plagado de incertidumbres pero con la visión suficiente para anticiparse a los acontecimientos que estaban por llegar, y sobre todo con una vocación de servicio público que debe ser reconocida.

En el año 1978 España tenía una población de 37 millones de personas, sufría una inflación del 20%, el adulterio dejó de ser delito y una mujer, Carmen Conde, entra a formar parte de una institución tan relevante como la Real Academia Española de la Lengua.

El número de vehículos que se matricularon durante el año superó los 800.000 para un total de 9 millones que circulaban por las calles y carreteras españolas. Sólo tres fuentes de energía nos proporcionaban electricidad; el carbón, el agua y en menor medida la nuclear conformando un mix energético de alrededor de 30.000 megavatios de potencia instalados.

Hoy somos 46 millones de españoles, con una tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre del 2,2%, y un poder ejecutivo con 11 de los 17 Ministerios dirigidos por mujeres.

El parque de vehículos ha superado los 32 millones y hay más de 100.000 megavatios instalados para dar cobertura a la demanda de electricidad con una diversificación de fuentes en las que las energías renovables han ido ocupando cada vez un mayor espacio.

Estos mínimos apuntes de una sociedad que durante una interminable dictadura estuvo sumida en el blanco y negro, son suficientes para disponer de una imagen, evidentemente incompleta, que refleja los profundos cambios que se han producido hasta convertir a España en la cuarta economía de la Unión Europea. Todo ello bajo el paraguas de la Constitución.

Una Constitución que en su artículo 45 dice lo siguiente: “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y de mejorar la calidad de la vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Dos breves párrafos que señalan con claridad los derechos y obligaciones de los españoles en relación a la protección del capital natural, el patrimonio colectivo más valioso que poseemos como sociedad.

Esta interpelación ha ido evolucionando a través de una profusa legislación que ha sufrido demasiadas modificaciones, condicionada a veces por la coyuntura económica y otras por una carga ideológica cercana a intereses partidarios.

La política ambiental no sólo conserva los espacios naturales sino que interviene activamente para mejorar las condiciones ambientales existentes.

La Constitución exige el uso responsable de los factores de los que depende nuestro progreso. El agua, el suelo, la energía, el aire y las materias primas son elementos claves de nuestro estado del bienestar, al igual que lo son la sanidad, la educación o la seguridad.

El presente ya reclama la urgente necesidad de poner en marcha las medidas necesarias que orienten nuestro modelo de desarrollo hacia unos patrones de vida diferentes fundamentados en el conocimiento, la innovación y la responsabilidad social.

Para ello es imprescindible dotarnos de un marco regulatorio adecuado que asegure nuestro futuro como país y como sociedad, con una economía que ya está inmersa en el proceso de transición ecológica.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobará el Gobierno antes de final de año será el marco de oportunidades para la transformación que hay que llevar a cabo.

Paralelamente y como herramienta de planificación estratégica que integre la política nacional de energía y clima, en el mes de diciembre remitiremos a Bruselas el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que reflejará la contribución de España a la consecución de los objetivos a los que nos hemos comprometido.

Todo este movimiento transformador que supone la transición ecológica de la economía va a estar acompañado por una Estrategia de Transición Justa que avale su recorrido hacia un desarrollo más justo, solidario y duradero.

La solidaridad intergeneracional es la clave del futuro de nuestra Constitución. Los recursos naturales deben quedar a salvo de procesos de privatización, destrucción o degradación, así como el derecho al disfrute de los mismos tanto de las generaciones presentes como de las venideras.

Para exigir esta solidaridad, es ineludible que los poderes públicos logren establecer unos cauces adecuados de formación, información y participación ciudadana. Y también reconocer que la transición ecológica tiene que ir de la mano de la justicia y de la cohesión social y territorial. Para garantizarlo está nuestra Constitución.

La ministra para la para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/Chema Moya

 

(*) Teresa Ribera es ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

 

 Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde y EFEfuturo 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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