La prórroga de Garoña: Un experimento político. Por Carlos Bravo

La prórroga de Garoña: Un experimento político. Por Carlos Bravo

Hoy, 16 de diciembre de 2015, se cumplen exactamente tres años desde que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) fue desconectada de la red eléctrica. Desde aquel día no ha producido ni un solo kilovatio-hora pero ha dado más que hablar que cualquiera de las otras centrales del parque nuclear español actualmente en operación.

 No debe extrañarnos que haya sido así pues, a pesar de su escasa importancia como instalación eléctrica, la central de Garoña se ha convertido, por obra y gracia del Gobierno de Mariano Rajoy, en un importante experimento con el que el Partido Popular trata de sentar un precedente para conseguir el alargamiento de la vida operativa de las demás centrales nucleares hasta los 60 años.

El Gobierno de Rajoy, que no se ha sentido con fuerza para hacer en esta legislatura una ley que fijara en 60 años la vida operativa de las centrales nucleares, ha optado, sin embargo, por una estrategia alternativa, de carácter más indirecto, a través de un conjunto de enrevesadas maniobras políticas y jurídicas, para tratar de conseguir ese mismo objetivo.

 

El secretismo, algo consustancial al sector nuclear

Así, el Gobierno ha procedido a realizar modificaciones ad hoc de la legislación relativa a las instalaciones nucleares para ignorar la situación de cese definitivo de la explotación de Garoña y a copar políticamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con consejeros afines al Partido Popular para tener mayoría absoluta en las decisiones del Pleno. Esto último le posibilita saltarse las prácticas regulatorias del CSN sobre las revisiones periódicas de seguridad de las centrales nucleares, e imponer un secretismo a ultranza dentro del propio CSN y también puertas afuera. 

 Imagen de archivo del interior de la vasija del reactor en la central nuclear de Santa María de Garoña, situada al norte de la provincia de Burgos. EFE/SANTI OTERO

Imagen de archivo del interior de la vasija del reactor en la central nuclear de Santa María de Garoña, situada al norte de la provincia de Burgos. EFE/SANTI OTERO

 

El secretismo es algo consustancial en la naturaleza de la industria nuclear pero es lamentable que los máximos responsables del CSN (que no olvidemos, es el órgano regulador de esta industria) caigan esa mala práctica y la propicien. El asunto es tan grave que el cuerpo técnico del organismo, a través de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), está denunciando la pérdida de independencia del CSN frente a las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares, la falta de transparencia externa e interna (la Dirección del CSN ha restringido a la inmensa mayoría del personal del centro el acceso a los estudios elaborados para la eventual reactivación de la central de Garoña, entre otros expedientes de proyectos socialmente controvertidos y cuestionados por la opinión pública), las constantes injerencias políticas y la caza de brujas contra los técnicos que denuncian abiertamente esta lamentable situación.

Algunos antecedentes….

Recordemos algunos antecedentes. En julio de 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en contra de todas las expectativas que el propio presidente Zapatero había alimentado meses antes sobre su cierre inmediato, determinó la concesión de un nuevo permiso de explotación provisional de cuatro años a la central nuclear de Garoña. Ese nuevo permiso debía ser el último, ya que la orden ministerial publicada establecía también la fecha del cese definitivo de su explotación: el 6 de julio de 2013.

Pero, como todo el mundo sabía que sucedería, el Gobierno popular de Mariano Rajoy emanado de los comicios generales de 2011, no tardó en revocar aquella orden ministerial de los socialistas y emitir otra por la que se autorizaba a la compañía propietaria, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa, con un 50% cada una), a solicitar un nuevo permiso para seguir operando hasta 2019.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en septiembre de 2012, Endesa e Iberdrola renunciaron a solicitar la prórroga de funcionamiento hasta 2019 que le había brindado en bandeja el Gobierno Rajoy. Y luego, en diciembre de 2012, como se ha comentado más arriba, Nuclenor, anunció su decisión unilateral de “anticipar el cese definitivo de su explotación [de Garoña] con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” para, supuestamente, evitar las pérdidas económicas que le ocasionarían las reformas energéticas que estaba entonces preparando el Gobierno. Nuclenor se refería en concreto a los impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado que se gravarían a partir del 1 de enero de 2013 con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que por entonces iba a ser aprobada por el Congreso de los Diputados (fue finalmente publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2012).

Después de diversas vicisitudes, el 6 de julio de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), tuvo, en contra de sus deseos, que emitir la orden ministerial de cese definitivo de la explotación de Garoña. Meses después pudimos entender el verdadero motivo de las decisiones de Iberdrola y Endesa en 2012.

Motivos económicos, no de seguridad 

 

La estrategia de comunicación de Nuclenor en esas fechas fue la de propagar que la causa del cierre de Garoña era exclusivamente “por motivos económicos”. Aferrándose a ello, poco después de julio de 2013, el MINETUR modificó la normativa de aplicación para que una central nuclear cuyo cierre no hubiera ocurrido por motivos de seguridad nuclear, sino económicos, pudiera volver a pedir un nuevo permiso de funcionamiento, a pesar de encontrarse en situación de cese definitivo de la explotación.

Acción protesta de Greenpeace antes las puertas de Garoña

Acción protesta de Greenpeace antes las puertas de Garoña

Justo lo que necesitaba Nuclenor, que aprovechó el cambio normativo expresamente realizado para su caso particular, para solicitar un permiso para seguir funcionando 17 años más, hasta 2031, fecha en la que cumpliría 60 años desde su primera conexión a la red. Algo que nunca había sucedido en España, donde la practica regulatoria del CSN establece que los permisos se piden por un máximo de 10 años.

Ahora resulta obvio por qué Nuclenor no quiso solicitar en 2012 la prórroga hasta el 2019: porque no le salían las cuentas. Sus numerosos problemas de seguridad requerirían inversiones muy importantes en la instalación para que ésta pudiera seguir operando en las condiciones de seguridad exigibles tras la catástrofe nuclear de Fukushima. Estos son algunos: problemas de agrietamiento en diversos componentes de la vasija del reactor; incapacidad de refrigerar correctamente el núcleo del reactor incluso en funcionamiento rutinario; carencia de una balsa de aguas para servicios esenciales que, independientemente de la toma de agua que está en el río, pueda dar suministro de agua en caso de emergencia; deficiente respuesta a posibles sucesos externos, como terremotos e inundaciones; alto riesgo de inundación en caso de rotura de las presas cercanas; deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración; etc.).

Demasiados problemas, demasiados costosos

 

Demasiados problemas demasiado costosos de solventar para operar sólo durante 6 años más, hasta el 2019. Pero a Nuclenor sí le podría merecer la pena hacer esas inversiones si el Gobierno le aseguraba que Garoña va a seguir funcionando 17 años más, hasta 2031.

La lista de problemas de seguridad sería muy larga. Pero no debe dejarse de señalar que, además, el CSN incumplió el mandato del Pleno del Congreso de los Diputados del 12 de abril de 2011 y el acuerdo de la Comisión Europea del 25 de mayo de ese mismo año relativos a la realización de las pruebas de resistencia de seguridad (stress tests) a las centrales nucleares, al no haber incluido y publicado el CSN, para las instalaciones nucleares españolas, las correspondientes a impactos de aeronaves (por accidente o ataque terrorista), a los efectos del cambio climático y a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciberataques. Al contrario que otros países, como Alemania, Holanda o Suiza, que sí lo hicieron.

Imagen del exterior de Garoña

Santa María de Garoña (Burgos).- Imagen del exterior de la central nuclear de Garoña.

Al respecto de los impactos de aeronaves, Santa María de Garoña, una central nuclear de primera generación en España y con el mismo tipo de reactor que el utilizado en Fukushima 1, es obviamente la más vulnerable. En un estudio acerca del impacto de un avión contra una central nuclear suiza en Muelhleberg, en la que se usa el mismo tipo de reactor, el resultado es que se puede esperar un enorme daño al edificio del reactor. El grosor de sus paredes es de solo 0,60 metros; el grosor de la bóveda es, en parte, de tan solo 0,15 metros. Una colisión contra el edificio del reactor causaría la fusión del núcleo con la contención abierta: el peor escenario concebible, especialmente por la enorme y rápida liberación de radioactividad. Es de temer que esta catastrófica liberación de radiactividad ocurriría incluso en el caso de que un avión relativamente pequeño (como un Airbus A320) chocara contra el edificio.

 

¿Qué pasaría en caso de que impactara un avión?

En Garoña, la piscina de combustible gastado está dentro del edificio del reactor y considerablemente menos protegida que el reactor. En caso del impacto de un avión, la piscina de combustible gastado podría resultar dañada, lo que significa que habría una liberación de radiactividad adicional.

Todos estos problemas de seguridad de Garoña siguen sin resolverse. Además el CSN no está revisando todos los parámetros ligados a riesgos externos. Por otro lado, Nuclenor tiene de plazo hasta el 2017, al igual que el resto de titulares de centrales nucleares, para implantar las mejoras exigidas en los planes post-Fukushima (derivados de los “stress tests” a los que obligó la Comisión Europea), así que podría volver a operar en 2016 (si consigue renovar su autorización de explotación) sin necesidad de tener implementado todo lo que se exigió en las Instrucciones Técnicas Complementarias post-Fukushima.

Todos los partidos con posibilidades de tener representación en las próximas Cortes Generales, salvo el Partido Popular, se han manifestado partidarios de no autorizar el nuevo permiso de funcionamiento de Garoña. Por eso, Endesa e Iberdrola y el Partido Popular tienen prisa para dejarlo todo atado y bien atado.

Como denuncian fuentes internas del CSN, ambas eléctricas pretenden que el Consejo les conceda cuanto antes el permiso solicitado por 17 años más aunque sea con un condicionado sobre las mejoras de seguridad a realizar tras la concesión del permiso.

De esta forma, acto seguido, el actual Gobierno, incluso aunque estuviera en funciones tras las elecciones generales, podría aprobar la orden ministerial correspondiente, generando así, en primer lugar, unos derechos adquiridos para Nuclenor que luego podría reclamar el lucro cesante a un hipotético Gobierno que quisiera cerrarla, y, en segundo lugar, un precedente de tramitación y autorización que se tendría que seguir cuando a cualquier otra central nuclear le venciera su vigente permiso de explotación.




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