Costa a la Carta. Por Eva Hernández. EFEverde

Costa a la Carta. Por Eva Hernández

Costa a la Carta. Por Eva Hernández

En estos días invernales y pre navideños, poca es la atención que prestamos a nuestras costas, a no ser para recordar los frutos del mar que nos gustaría poner en nuestras mesas, o porque un temporal como el que acaba de azotar el archipiélago Canario nos deja imágenes de chiringuitos destruidos, paseos marítimos hundidos, y casas atrapadas bajo las dunas.

O que noticias aparentemente curiosas nos lleguen desde los informativos, como la conocida recientemente respecto a la posibilidad de que los faros puedan convertirse en hoteles o restaurantes. Esta opción comenzó a barajarse en 2009, con la nueva Ley de Puertos aprobada por el Partido Popular… y es que la Ley de Costas de 1988 ha sufrido, desde su nacimiento, diversos intentos de modificación, casi todos para recortar la protección del espacio público costero y los usos comunes y gratuitos que la misma establece…. De forma directa o de forma indirecta,  desde la aprobación de otras normas como la citada de Puertos, la Ley de Navegación Marítima, la Ley de Economía Sostenible, o incluso a través de las Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (vergonzosa forma de modificar una ley “por la puerta de atrás”)…

Desde Salvia queremos aprovechar este espacio para recordar el peligro que se cierne sobre nuestras costas, que pueden desaparecer como las conocemos como espacio público y común.

El pasado 25 de abril inaugurábamos este blog en EFEverde con el artículo titulado “Se buscan Diputados y Senadores para salvar la Costa”. Desde aquel post, tras la aprobación en el Senado de la “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral” que venía a modificar la Ley de Costas de 1988, Salvia pedía que aquellos que legalmente pueden hacerlo plantearan un recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley promovida por el Partido Popular. Y dirigimos una carta a nuestros representantes, en el Congreso y el Senado, solicitando tal recurso, entendiendo que esta nueva ley pone en peligro la integridad del litoral y su uso público. El 18 de junio, nuestro artículo desde la Tribuna de El País titulado “La Desamortización del Siglo XXI” exponía  los principales motivos por los que a nuestro entender, la “nueva ley de costas” tendrá en el litoral español un mayor efecto privatizador que las leyes desamortizadoras del siglo XIX, sin beneficio alguno para el Estado ni el interés público, y alertaba de que la nueva ley es anticonstitucional, atentando concretamente contra los preceptos establecidos en los artículos  13, 24, 45, 132.1 y 132.2. de nuestra Constitución Española (C.E.).

playa peniscolaEsta ley vulnera el principio por el cual el dominio público marítimo-terrestre, espacio público de todos los españoles (C.E. Art. 132.2) que se extiende a lo largo de nuestros 8.000 kilómetros de costas, es inalienable, imprescriptible e inembargable, es decir, no se pueden vender, ceder, traspasar o regalar (C.E. Art. 132.1). Porque promueve y facilita la privatización del litoral a través de diversas fórmulas como la ampliación de las concesiones en el dominio público a 75 años (lo que supone de facto la privatización del mismo), incluyendo la prórroga de 75 años más de actividad a industrias contaminantes cuya actividad en el dominio público marítimo terrestre se prohibió por la Ley de Costas de 1988. También promueve la privatización a través de la desprotección de los más importantes humedales costeros de España, las salinas y los esteros, aún cuando éstos sean naturalmente inundables. La ley incluso desprotege específicamente ciertas zonas como la isla de Formentera, hasta hoy referente del turismo mundial precisamente por el buen estado de conservación del dominio público marítimo-terrestre. Con esta ley… ¿qué pasará además con las salinas de Torrevieja, el Delta del Ebro o Ibiza, o los esteros de San Fernando y Cádiz? Esta destrucción de ecosistemas costeros es contraria a la conservación del medio ambiente que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar, y a la utilización racional de los recursos naturales que se garantizan en la Constitución Española en su Artículo 45. 

 

La nueva ley también promueve la privatización del espacio público que es el litoral al reducir la servidumbre de protección de los 100 definidos en 1988 por la Ley de Costas a 20 metros, considerando automáticamente como zona urbanizable la franja colindante con el dominio público marítimo-terrestre que hasta ahora estaba protegida por dicha servidumbre en un ancho mínimamente razonable de cien metros. Con la nueva ley se podrán urbanizar los terrenos en esa franja que en los años ochenta contaban con suministro (agua, luz), acceso rodado, o que estaban comprendidos entre áreas ya transformadas para la construcción en al menos la mitad de su superficie: es decir…¡¡casi todo el litoral español!!. Ahora tan sólo será necesario el desarrollo del instrumento de planeamiento urbanístico correspondiente por parte de los Ayuntamientos que así lo quieran para que perdamos una franja de 80 metros de ancho a lo largo de gran parte de nuestros 8.000 kilómetros de costas.

La nueva norma además, atenta contra la igualdad ante la ley (C.E. Art. 13) y el derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos (C.E. Art. 24), al dar soluciones distintas a situaciones similares, mediante una serie de privatizaciones selectivas del litoral, y al incentivar su uso privativo durante varias generaciones, dejando sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de justicia relativas a los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, pudiendo provocar así la mayor quiebra a la seguridad jurídica conocida en nuestro país (aparte de un grave daño económico al erario público). Nunca antes se había visto en materia de gestión del territorio que una ley identifique, como hace esta, una decena de núcleos a los que se indulta de cumplir con la aplicación de la misma.

Por otro lado, la nueva ley promueve la ocupación y la construcción en zonas identificadas como áreas de riesgo potencial de inundación, según diferentes estudios preliminares del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento) o la Universidad de Cantabria, anteponiendo el beneficio privado de los constructores a la seguridad y salvaguarda de los ciudadanos, que se supone está garantizada en la Constitución Española en su Artículo 15 según el cual “todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física”…..

Pero finalmente, la “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral” tendrá que pasar por su examen constitucional: el 18 de Octubre de este año que está a punto de terminar, el Boletín Oficial del Estado recogía los recursos de inconstitucionalidad presentados a algunos artículos de la misma por parte de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Canarias y Andalucía, y el recurso presentado por el Partido Socialista a gran parte del articulado.

Esperamos poder celebrar desde este Blog alguna noticia en este sentido en poco tiempo… y esperamos que para entonces, no sea demasiado tarde para algunos lugares. No hablamos sólo de paisajes, ecosistemas o especies de gran valor ecológico y belleza, sino también de un lugar estratégico para la defensa, la alimentación, el desarrollo de nuevas actividades y tecnologías, y la base de la principal industria de nuestro país, el turismo.

El hecho de que los faros, antaño vigías y guías desde tierra hacia el mar, puedan pasar a manos privadas y no formar parte de una herencia pública, puede ser una alegoría, un icono de la privatización de las costas, que esperamos no se lleve a cabo finalmente.

Eva Hernández

Salvia




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