¿Cierra Garoña definitivamente el próximo 6 de Julio? Por Carlos Bravo, miembro de Salvia

¿Cierra Garoña definitivamente el próximo 6 de Julio? Por Carlos Bravo, miembro de Salvia

¿Cierra Garoña definitivamente el próximo 6 de Julio? Por Carlos Bravo, miembro de Salvia

El próximo 7 de julio tendrá lugar la “Última marcha contra Garoña”, convocada con este nombre por diversos grupos antinucleares en el entorno de la central atómica burgalesa.

Marchas de este tipo se han venido repitiendo anualmente desde hace más de tres décadas como muestra de la oposición social a esta planta nuclear.

Garoña y su cierre definitivo

Pero ¿es seguro que ésta será verdaderamente la última marcha contra Garoña? ¿Es ya el adiós definitivo a esta obsoleta instalación nuclear? Garoña, con 42 años, es una de las centrales más viejas del mundo, es gemela de la unidad 1 de la siniestrada central de Fukushima, representa actualmente tan sólo el 0,40% de la potencia instalada en España y poco más del 1% de nuestra producción eléctrica en los últimos años (en los que los intercambios internacionales de electricidad de nuestro sistema han tenido un saldo netamente exportador, con cantidades que superan ampliamente la aportación eléctrica de Garoña).

Pues la respuesta parece ser NO, si nos atenemos a las últimas declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, Juan Manuel Soria, quien, el pasado 19 de junio en el Congreso de los Diputados, dejó una puerta abierta a que la central vuelva a funcionar tras su prevista declaración de cese definitivo de explotación el 6 de julio que viene.

El titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) tuvo ese día una apretada jornada en el Congreso de los Diputados, en la que despachó nada menos que una interpelación parlamentaria y preguntas orales en el Pleno así como las 39 solicitudes de comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo que había acumulado en los últimos meses.

En todas estas iniciativas parlamentarias, sus Señorías le preguntaron una y otra vez por el futuro de la central nuclear de Garoña pues, aunque se supone que el próximo 6 de julio ésta cesa definitivamente su explotación, los últimos movimientos del MINETUR en el mes de mayo, solicitando al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que autorizara in extremis una nueva prórroga de un año a esa central nuclear, provocaron una generalizada confusión.

En efecto, como Salvia explicaba en este mismo blog, el pasado 24 de mayo, cediendo a las presiones del MINETUR, el CSN aceptó (por 3 votos a 2 en el Pleno), en contra de sus propios criterios técnicos, permitir que Garoña funcionase más allá del próximo 6 de julio, sin hacer previamente (y con el tiempo necesario y suficiente para ello) una adecuada evaluación de las condiciones de la central ante esa nueva situación. Una decisión que provocó un escándalo mediático y que puso en duda la credibilidad técnica y la independencia del organismo regulador.

Sin embargo, a pesar de haber conseguido que el CSN accediera a su propósito, el MINETUR finalmente no emitió la orden ministerial correspondiente para permitir que Nuclenor (la propietaria de Garoña, empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa) solicitara esa nueva prórroga de su permiso de explotación, en teoría por una cuestión de plazos. En palabras del propio ministro Soria en el Congreso el pasado 19 de junio: Esta modificación que nos ha pedido el operador [Nuclenor] no ha podido ser concedida por parte del ministerio por la imposibilidad de cumplir los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo”. Una situación surrealista.

Instalaciones nucleares

En esa misma sesión parlamentaria el ministro Soria anunció que: “Conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), con anterioridad al 6 de julio el ministerio deberá declarar mediante orden ministerial lo que se llama jurídicamente el cese definitivo de explotación de esta central”. A lo que además añadió: “Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el ministerio está analizando la situación en relación con los aspectos relacionados con la regulación del cese definitivo de explotación de las centrales nucleares, ya que el cese definitivo al que me he referido se produce por razones distintas a la seguridad nuclear”.

Esto significa que la central nuclear de Garoña cerrará el 6 de julio, pues al final se han impuesto los plazos marcados por los trámites administrativos, pero quizá no para siempre, pues el MINETUR planea intentar volver a ponerla en marcha, argumentando que su cierre no ha sido por motivos de seguridad nuclear, sino económicos. Para ello está estudiando la normativa relativa al cese de explotación de las instalaciones nucleares, como ha anunciado el ministro Soria. Y probablemente esté pensando también en algún cambio al respecto en la legislación nuclear, que bien podría conocerse en los próximos días cuando el Gobierno anuncie oficialmente su conjunto de medidas de cambios regulatorios en el sector, lo que viene denominando como “reforma energética”.

El Gobierno Popular no ha podido evitar, a pesar de sus varios intentos, que el 6 de julio de 2013 se produzca el cese definitivo de la explotación de Garoña, fecha que se había determinado previamente, en 2009, en una Orden Ministerial del Gobierno Zapatero. La explicación ofrecida ahora por el ministro Soria en el Congreso sobre las razones del cese de explotación de Garoña coincide plenamente con la estrategia de comunicación mantenida desde hace meses por parte de Nuclenor, en el sentido de propagar que la causa del cierre es meramente por cuestión económica y que éste no tiene nada que ver con el funcionamiento de la central nuclear, que, según arguyen, sería segura.

En línea con esa estrategia mediática, se ha ido incluso poco a poco relegando en el olvido el dato de que Nuclenor tendría que invertir 120 M€ (seguramente mucho más) para implementar las medidas de seguridad derivadas de las pruebas de resistencia (conocidos como stress tests) realizadas a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima.

En realidad, su cierre sí se debería a motivos económicos pero por el hecho de que éstos vienen derivados de sus numerosos problemas de seguridad, que obligarían al titular a realizar inversiones muy importantes en la instalación para que ésta pudiera seguir operando en condiciones de seguridad exigibles tras la catástrofe de Fukushima. Estos problemas son, entre otros: agrietamiento en diversos componentes de la vasija del reactor; incapacidad de refrigerar correctamente el núcleo del reactor incluso en funcionamiento rutinario; carencia de una balsa de aguas para servicios esenciales que, independientemente de la toma de agua que está en el río, pueda dar suministro de agua en caso de emergencia; deficiente respuesta a posibles sucesos externos, como terremotos e inundaciones, y un largo etcétera. Demasiados problemas demasiado costosos de solventar para operar sólo durante 6 años más, hasta el 2019, como era la intención inicial del MINETUR.

 

Pero quizá no tanto si pudiera llegar hasta los 60 años de vida operativa, pues en ese abultado lapso de tiempo de 18 años adicionales podría amortizar sobradamente las cuantiosas inversiones que tendría que acometer. Y esto último es probablemente el quid de la cuestión sobre Garoña. Es lo que podría estar detrás de las más que probables negociaciones mantenidas entre el MINETUR e Iberdrola y Endesa, acuerdos que quizá se concreten en el próximo paquete de medidas de la anunciada reforma energética del Gobierno.

 

De hecho, actualmente, aunque parezca una paradoja, en España, tras haberse declarado el cese de explotación definitiva (art. 28.1 del RINR) de una central nuclear, sería viable desde el punto de vista jurídico que el titular de la misma solicitase y le fuese concedida una nueva licencia de operación. En efecto, según un dictamen emitido el 20 de mayo pasado por la Subdirección de Asesoría Jurídica del CSN, ésta concluye: “con carácter general, no hay ningún argumento legal obstativo ni se encuentra ningún artículo en ninguna norma jurídica aplicable que excluya la posibilidad de que el MINETUR, previo informe favorable de seguridad del CSN, autorice a una instalación que ha solicitado el cese, que le sea concedida una nueva autorización de explotación de la central nuclear”.

Así pues, una vez que el MINETUR dictara la Orden Ministerial de cese de Garoña, si Nuclenor quisiera volver a poner en marcha la central, podría solicitar una nueva autorización de explotación, con las consecuencias jurídicas de tal solicitud.

Según expresan los servicios jurídicos del CSN, con la normativa actualmente en vigor, una nueva autorización para operar más allá de 2019 tendría el mismo tipo de requisitos y exigencias que una renovación, salvo que además sería necesario obtener una declaración de impacto ambiental positiva, al margen de otras autorizaciones administrativas que deban ser otorgadas por otros ministerios y autoridades administrativas. Las solicitudes que supongan ir más allá del 2019 requerirían en principio, de acuerdo con las autorizaciones vigentes, la presentación de la documentación con tres años de anticipación a la fecha de concesión de la autorización, tiempo en el que el CSN tendría que realizar exhaustivas comprobaciones e inspecciones en profundidad en la central.

Todo ello podría tratar de cambiarlo el Gobierno, con el fin de imponer criterios más laxos y favorables al sector nuclear, mediante su próxima reforma energética.

En todo caso, el CSN, como señalan sus servicios jurídicos, debería elaborar un informe preceptivo sobre la hipotética petición de nueva autorización de explotación, en el que deberá hacer referencia a las circunstancias de seguridad nuclear, protección radiológica y protección física de la central e informar de acuerdo con ellas. El MINETUR deberá considerar este informe y atenerse al mismo en caso de que fuera negativo, ya que en este caso tiene carácter vinculante. En caso contrario, es decir, si el dictamen del CSN fuera favorable a la solicitud del titular (aún con la imposición de una serie de condiciones de seguridad de obligado cumplimiento), el MINETUR deberá examinar dicha solicitud desde el punto de vista de su adecuación o no al ordenamiento jurídico en ese caso concreto y de su conveniencia desde el punto de vista de las competencias del Ministerio y por lo tanto de la política energética e industrial del Gobierno de la nación, y dictar una resolución en consecuencia.

No obstante, el dictamen del CSN tendrá que estar en consonancia, además de con la normativa vigente, también con las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia reguladora, especialmente ante una solicitud de nueva licencia de explotación para un reactor nuclear de más de 40 años de antigüedad, como Garoña, del mismo tipo que Fukushima. Además de los problemas de seguridad antes citados y los derivados del envejecimiento de sus materiales, hay que recordar que Garoña aun no ha incorporado las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) emanadas de las pruebas de resistencia que se llevaron a cabo tras el accidente de Fukushima en marzo de 2011 y tampoco ha implementado el Plan de Acción Nacional remitido por el CSN a la Comisión Europea en diciembre de 2012. Asimismo, sigue pendiente la ampliación de estudios y realización de inspecciones en profundidad a la vasija de Garoña, tras la detección en julio de 2012 de defectos aparentemente similares a Ios identificados en la vasija de la central nuclear belga de Doel-3, un problema de extrema importancia desde el punto de vista de la seguridad nuclear.

Lo que finalmente acontezca lo veremos en los próximos días o semanas, probablemente tras hacerse público el nuevo paquete de medidas del Gobierno sobre el mercado energético, pero todo parece indicar que desgraciadamente Garoña aún dará mucho que hablar.

Sobre el autor:

Carlos Bravo, miembro de Salvia y ex director de campañas antinucleares de Greenpeace España

 




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Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com