La Junta de Andalucía ha defendido hoy "el criterio y la competencia" de los técnicos de la administración regional como "la mayor garantía" en la adjudicación del concurso para explotar la mina de Aznalcóllar (Sevilla), paralizada por el Gobierno andaluz después de que un juez señalara que no hubo rigor.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dicho en su comparecencia parlamentaria para abordar este asunto que confía "plenamente" en estos profesionales "avalados por su competencia acreditada, su experiencia y su condición de empleados públicos, independientes y neutrales por Ley".
Ha asegurado que la convocatoria del concurso se realizó con absoluta y total "escrupulosidad y rigor", con una solución "singular y garantista" que se articuló "para un yacimiento único".
Sánchez Maldonado ha destacado los criterios de valoración "muy detallados y conocidos de antemano por todos los aspirantes", la intervención de doce funcionarios y empleados públicos "plenamente independientes" y su "capacitación" profesional y experiencia.
Ha indicado que se trata de un concurso "consensuado" y demandado que se ha desarrollado "dentro de parámetros reglados por la legislación vigente" y que ha cumplido "los tiempos y plazos" establecidos en sus bases, con un proceso "vertebrado por un principio de transparencia administrativa".
Esfuerzos :
El consejero ha asegurado que la Junta no "ha escatimado esfuerzos" para habilitar un procedimiento que permita la concurrencia, no contemplada en la legislación minera, al tiempo que ha deseado que el proyecto ejecutado sea "el mejor posible, con independencia de qué empresa lo lleve a efecto o en qué lugar del mundo tenga su sede".
Ha mostrado su absoluta disposición a colaborar activamente con la Administración de Justicia y ha opinado que esta adjudicación ha derivado en el proceso judicial por intereses "de mal perdedor".
Postura partidos :
El portavoz del PP, Jaime Raynaud, ha criticado que la Junta no haya accedido a "ninguna de la peticiones" de información de su partido desde 2012 sobre esta adjudicación y ha denunciado que el consejero comparece "arrastrado por la mayoría".
Ha preguntado por qué se negaron a un pleno cuando estaba el Gobierno en funciones y por qué "han permitido que el nombre de Andalucía y el sector minero se manche y desprestigie a nivel nacional", a la vez que ha acusado al consejero de llevar a cabo "una gestión nefasta en este asunto".
Raynaud ha cuestionado por qué se paraliza el proceso "si se defiende la legalidad y transparencia" y ha preguntado si es "casualidad" que se contratara a un exdelegado de Empleo como asesor en la adjudicación y que se dieran subvenciones a la empresa ganadora de casi dos millones.
Desde Podemos, el parlamentario José Luis Serrano ha coincidido con el consejero en que desde el punto de vista de los profesionales y funcionarios "no hay nada que objetar", pero respecto a la adjudicación ha recordado que hay aspectos como la evaluación técnica de la empresa ganadora, que era de cero puntos.
Ha dicho que les preocupa "sumamente" la confusión de lo público con lo privado, por lo que ha pedido a la Junta que mantenga la diferenciación y ha mostrado su "manto tendida" en ese sentido.
El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha reclamado al Gobierno andaluz información para "conocer la verdad y despejar las dudas" de un asunto "que vuelve a salpicar a la Junta", a la vez que ha cuestionado si la Junta puede rebatir y desmentir el informe de la Guardia Civil sobre lo ocurrido.
Ha asegurado que Ciudadanos se mostrará "inflexible y no descansará" hasta que se conozca "la verdad" y ha preguntado por qué se ha parado el proceso si todo se debe a una "pelea entre empresas y se ha realizado conforme a la legalidad vigente".
El líder de IU, Antonio Maíllo, ha denunciado que el proceso se adelantara un mes "por intereses puramente electorales" y que ha habido una "falta de transparencia", por lo que ha reclamado que "se aclaren las dudas" sobre si está paralizado o no el proyecto y sobre qué base legal se ha llevado a cabo.
El diputado socialista Antonio Sánchez ha resumido la actuación de la Junta en dos palabras, "todo legal" y ha reclamado hacer "un frente común sin intereses partidistas". EFE verde
