Un tipo de IVA reducido para clientes vulnerables, similar al del agua, reduciría la pobreza energética en España, según un estudio que propone siete medidas que deberían desarrollarse de forma coordinada entre administraciones, empresas y ciudadanos para equiparar España a sus socios europeos.
"La pobreza energética tiene solución y es una cuestión de voluntad, no de números" afirma el asociado y responsable de la división de Energía de la compañía de asuntos públicos MAS Consulting Group, Diego Crescente, quien además ha coordinado este informe sobre "un factor que marcará la actualidad política y mediática del país".
Las medidas que propone este documento se basan en la evolución histórica del concepto 'pobreza energética' en el continente europeo, la forma de aproximación al mismo en el resto de países del entorno y especialmente en la responsabilidad de los poderes públicos sobre la generación y solución de la pobreza energética.
Los factores de aproximación a este problemático fenómeno "de reciente aparición en nuestro país" han sido los análisis basados en temperaturas, percepciones y declaraciones de distintos hogares y sus criterios de gastos e ingresos.
En este sentido, conseguir un nivel de confort térmico adecuado no debería suponer más del 10 % de ingresos netos del domicilio familiar.
"Una sociedad moderna no puede permitirse que haya ciudadanos que no puedan mantener una temperatura mínima" considera Crescente, quien afirma que "conocemos las soluciones, simplemente hay que aplicarlas".
7 claves para contra la pobreza energética
Las siete medidas que equilibrarían el sistema de protección social en España pasan por la prohibición de desconectar del suministro a clientes en riesgo -una normativa que se aplica en el 60 % de estados europeos- o favorecer los pagos directos y las tarifas sociales, entre las que se incluye el IVA reducido.
Otra forma de atajar el problema es la prevención, a través de mejoras en la eficiencia energética doméstica o auditorías gratuitas con "tutores que ayudan al consumidor y resuelven sus dudas", según reza el informe.
"En Austria existe un certificado de eficiencia obligatorio que los propietarios deben alcanzar y en el Reino Unido los propietarios pueden conseguir hasta 1.500 libras esterlinas por invertir en mejoras de eficiencia en sus propiedades" ejemplifica el texto sobre la posibilidad de establecer también en España incentivos para dueños e inquilinos.
A estas medidas se suman las ayudas financieras 'clásica', la planificación de los pagos y los programas de protección e información al consumidor que "superen el entorno de internet, ya que muchos usuarios no pueden acudir a este medio de comunicación por sus situación económica, cultural, educacional o social".
En definitiva, "no es una cuestión de que la luz sea o no cara; sino de que hay ciudadanos que no pueden pagar ese precio", resume el coordinador, por lo que "las administraciones públicas deben establecer los mecanismos adecuados para corregir el problema más allá de los elementos meteorológicos ajenos a su control".
El informe, que acusa a los poderes políticos de permitir que el recibo de la luz incluya conceptos no justificados "con el único argumento de que no se percibía por parte de los consumidores", exige ahora que el Estado sea consciente del impacto que ejerce sobre el precio de la energía.
De la misma manera, se reclama a las empresas un esfuerzo en "responsabilidad social corporativa" que, en acción "conjunta y coordinada" con gobiernos y ciudadanos, contribuiría a erradicar "en un alto porcentaje" la pobreza energética en países desarrollados. EFE
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