«Nos enfrentamos al juicio más duro de la historia de Greenpeace», ha lamentado el director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, quien ha añadido que su organización «no elude» la Justicia pero considera que ésta tiene que ser «proporcionada y también las peticiones».
Rodríguez ha recordado además que Greenpeace lleva 30 años de activismo pacífico en España defendiendo el medio ambiente, «un derecho y un deber consagrado por la Constitución en su artículo 45».
La acusación contra los 16 activistas y el fotoperiodista independiente Pedro Armestre (Premio Ortega y Gasset) la ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011, fecha en la que se produjo la acción en la central valenciana.
Fuentes de Iberdrola señalan que el juicio por «intrusión y asalto» a la central nuclear por los activistas «no tiene por objeto un debate medioambiental, sino unos hechos graves constitutivos de varios delitos por desórdenes públicos, lesiones y daños«.
«La intrusión conllevó además de importantes daños materiales, lesiones físicas a dos vigilantes, uno de ellos con herida abierta por corte con equipo rotativo en el abdomen y la declaración además de Alerta de Emergencia en el emplazamiento, un hecho excepcional», según la compañía eléctrica.
Los acusados se enfrentan a 2 años y 8 meses de cárcel y la organización ecologista podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros como responsable civil subsidiaria. EFEverde
