El Tribunal Supremo continuará hoy la revisión de los recursos de la Junta de Andalucía y la organización ecologista Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró urbanizable el terreno en el que se edificó el hotel El Algarrobico en Cabo de Gata (Almería).
El TSJA dictó dos fallos contradictorios entre sí en este asunto y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo será la encargada de aclarar cuál de los dos es adecuado a Derecho o, en otras palabras, si era o no urbanizable el terreno en el que se edificó el hotel.
La sección Tercera del TSJA dictó un fallo en marzo de 2014 que contradijo lo que anteriormente, en junio de 2012, había dictaminado la sección Primera del mismo TSJA.
Esa sección Tercera estimó los recursos de Azata del Sol, promotora del hotel levantado en el Cabo de Gata, y consideró urbanizable el sector de terreno en el que se edificó El Algarrobico.
En concreto, la sentencia de 2012 anuló el decreto de la Junta de Andalucía que en 2008 aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Éstos autorizaron la construcción en el área para la que se concedió la licencia a la promotora del hotel.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que continuará la deliberación sobre este asunto, deberá resolver además otros dos aspectos de un caso enredado en torno a normas de tres administraciones, la local (al Ayuntamiento de Carboneras), la autonómica (los decretos y gestión de parques de la Junta de Andalucía) y la estatal (la normativa sobre costas).
Por un lado, las diversas normativas sobre costas que se han desarrollado a lo largo de los años y que afectan al asunto. El Ayuntamiento de Carboneras contó con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente para dar la licencia de construcción del hotel a pesar de que se alza dentro de los límites prohibidos por la normativa estatal.
Por otro lado, la Junta de Andalucía decidió comprar el terreno a Azata, la promotora (lo que se denomina técnicamente ejercer el derecho de retracto).
Sin embargo, Azata no acepta un precio que no tenga en cuenta el coste que ha debido soportar por construir un hotel para el que se le dio licencia, al margen de que ésta fuera a consecuencia de un error del Ministerio de Medio Ambiente. EFEverde
