En una carta remitida a los medios, una treintena de técnicos de la Junta han solicitado que no cese el apoyo a los programas de recuperación de especies protegidas y que "se siga confiando" en los profesionales que trabajan en estos centros.
Los técnicos argumentan que el juez que instruye el caso no ha imputado a ninguno de los técnicos, "inculpados por la Guardia Civil" en junio de 2011 por robar huevos y pollos de águila imperial del medio natural y presentarlos como nacidos dentro del programa para seguir cobrando las subvenciones de la administración andaluza.
El escrito ha sido remitido a raíz del auto emitido por el juzgado de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga los hechos, de inhibirse a favor de diez juzgados de toda España que realizaron entradas y registros en los domicilios de los imputados y al no considerar demostrada la existencia de una red organizada de expoliación de aves rapaces protegidas.
La denuncia fue realizada por el SEPRONA de la Guardia Civil, que llevó a cabo una operación en nueve provincias españolas y detuvo a 16 personas, entre ellas al director y tres trabajadores del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de San Jerónimo (Sevilla).
Los técnicos han manifestado la "sorpresa" que les produjo la inculpación en la denominada "Operación Horus" de varios técnicos vinculados al Programa de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Andalucía y de que se difundiera que "durante nueve años se han extraído ilegalmente huevos y pollos del campo para hacerlos pasar por crías en cautividad y cobrar las subvenciones de la Junta". EFE
