La iniciativa, que en la práctica restringe la minería en la zona de glaciares de la frontera argentina con Chile -unos 5.000 kilómetros-, fue aprobada en el Senado por 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, tras más de ocho horas de discusión.
La participación de las autoridades provinciales en el control de los glaciares, las fuentes de agua dulce y la explotación de la minería centró buena parte de la polémica entre los diputados oficialistas y de la oposición.
La ley considera los glaciares como bienes de carácter público, fija las bases para su protección como reservas estratégicas de recursos hídricos y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que incluirá información para su adecuada protección, control y supervisión.
De los dos proyectos que discutió la cámara para preservar esas masas de hielo en la Patagonia, acabó por imponerse, con 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el que más limitaciones establece a la actividad minera.
Otros puntos de contención fueron las competencias de las autoridades provinciales en la preservación de los glaciares y el control de las fuentes de agua dulce.
La "Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial" considera los glaciares como bienes de carácter público, fija las bases para su protección como reservas estratégicas de recursos hídricos y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que deberá estar listo en 240 días con información para la adecuada protección, control y supervisión.
"La aprobación de esta ley ha sido un gran paso dado por el Congreso nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los glaciares y el ambiente periglacial", sostuvo Greenpeace en un comunicado.
La medida es rechazada por el sector minero y por las autoridades provinciales en las que esa actividad económica tiene un fuerte impacto.
El gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Beder Herrera, lamentó que el proyecto aprobado pretenda "limitar las potestades propias" y afirmó que "los recursos naturales" como los glaciares "son de las provincias".
"Lo peor que le pudo pasar a este tema es haberlo politizado" a raíz de la ley que "contiene artículos que avasallan las facultades de las provincias", dijo a su turno el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetó una ley de protección de glaciares que había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Según un informe de la consultora Investigaciones Sectoriales Económicas, las exportaciones del sector de minería alcanzaron en 2009 los 2.851 millones de dólares, un 11,7 por ciento más en valores y un 1,1 por ciento superior en cantidades en relación a 2008. EFE
La fotografía que ilustra esta información es de archivo
