La decisión, que se tomó la semana pasada, pretende ahorrar un mínimo de 600 millones de euros anuales dentro de la política de austeridad presupuestaria, pero también pretende atajar algunos excesos constatados, en particular a la vista del ritmo de demandas para colocar placas solares eléctricas en los tejados de las casas, explica el periódico económico.
La principal modificación respecto al régimen actual es que si una instalación fotovoltaica de un particular permite una deducción fiscal del 50% de su valor, quedará en la mitad, y eso debería suponer un ahorro de 400 millones de euros cada año para las cuentas públicas.
Se trata de controlar la burbuja de demandas para nuevas instalaciones, que de las casi 10.000 en noviembre pasado se pasó a 26.200 al mes siguiente.
Con el ritmo actual, la capacidad instalada que el Ejecutivo se había fijado para el horizonte de 2020 se alcanzaría el año próximo.
Un reciente informe de la Inspección General de Finanzas preconizaba simple y llanamente la supresión de toda la ayuda para este tipo de instalaciones.
Según Les Echos, el Gobierno también disminuirá en un 10% las subvenciones para los particulares que mejoren el aislamiento térmico de sus viviendas o que opten por sistemas de calefacción más eficientes y va a adelantar la aplicación de impuestos a los biocarburantes.
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