Según ha informado hoy la Junta de Castilla y León, los ejemplares muertos han sido recogidos en los últimos días aplicando el protocolo de venenos y han sido trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta en Valladolid, para su análisis y determinación de las causas de la muerte.
Durante la jornada de ayer se procedió a la recogida de muestras y pruebas y se ha realizado un rastreo en el entorno de los lugares donde han aparecido los animales.
Realizadas las correspondientes necropsias por el equipo veterinario del Centro de Recuperación de Animales Silvestres, se han confirmado las sospechas de que la causa de la muerte se produjo por envenenamiento.
Por ello, se enviarán muestras al Laboratorio Forense de Vida Silvestre de Madrid a fin de realizar un análisis toxicológico, para la determinación del agente del causante.
La muerte de estos ejemplares supone, según la Junta, "un hecho de especial gravedad", dado que el águila imperial ibérica (aquila adalberti) es una especie clasificada "en peligro de extinción" y se trata de la rapaz más amenazada del continente europeo, y una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta.
La población mundial de águila imperial ibérica se sitúa entorno a las 250 parejas reproductoras, localizadas todas ellas en la Península Ibérica, distribuidas en varias subpoblaciones con un nivel de intercambio de individuos escaso, y algunas de ellas francamente aisladas.
En Castilla y León se encuentran las poblaciones más septentrionales de la Península, en la vertiente norte del Sistema Central, en las provincias de Segovia y de Ávila, donde la especie está en expansión.
"Hechos como el producido suponen un importante golpe para los objetivos de recuperación de la especie, cuando se estaban produciendo avances importantes en su recuperación", ha afirmado la Junta en un comunicado.
Asimismo, ha recordado que las consecuencias de los envenenamientos pueden ser graves no sólo para la fauna silvestre, sino también para animales domésticos y personas.
La utilización de venenos y cebos envenenados está expresamente prohibida por la Ley de Caza de Castilla y León y lleva aparejada una multa de 3.903,88 a 78.077,48 euros. EFE
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