Estas dos organizaciones, al igual que ya hiciera Greenpeace, han decidido no participar en este tipo reuniones mientras el Ayuntamiento no acate las sentencias judiciales y modifique el PGOU donde se clasifica como urbanizable la zona en la que se asienta el complejo, de veinte plantas de altura y 411 habitaciones.
Los ecologistas mantienen una postura "unánime" e instan al alcalde "a cumplir las leyes y sentencias judiciales, desclasificando esos terrenos, anulando la licencia de obras y ordenando la demolición del hotel", que se encuentra en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, han señalado en un comunicado.
Estas organizaciones han supeditado su participación en cualquier reunión para hablar del futuro del hotel al cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las "normas urbanísticas y medioambientales, y las resoluciones judiciales".
El alcalde de Carboneras había convocado el encuentro, al que tampoco asistirán representantes de la Junta de Andalucía, para tratar de "acercar posturas" en torno al complejo, que se encuentra paralizado por orden judicial, y evitar que el problema se "enquiste durante años".
Hernández sólo ha logrado que accedan a mantener esta reunión representantes de la promotora del hotel, Azata del Sol; el Grupo de Desarrollo Rural "Levante Almeriense", y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Carboneras.
El juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel, que se encuentra prácticamente construido, por la invasión de la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2008.
El mismo juzgado de Almería declaró en septiembre de 2008 la ilegalidad de pleno de derecho de la licencia de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, entonces gobernado por el PSOE, a la promotora, un fallo que estas dos partes recurrieron y todavía se encuentra pendiente del pronunciamiento del Alto Tribunal andaluz.
En otro proceso paralelo, el Tribunal Supremo falló el pasado mes de septiembre a favor de una mayor protección de los suelos sobre los que se asienta el hotel, al rechazar el recurso de la Junta de Andalucía contra la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata de 2008, que rebajaba el nivel de protección de la zona.
De este modo, el Alto Tribunal confirmó dos resoluciones anteriores del TSJA por las que se acordó la medida cautelar de suspensión del PORN y mantener el mayor nivel de protección establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1994.
Esta sentencia fue celebrada por las organizaciones conservacionistas como un paso importante hacia la demolición del Algarrobico, sobre el que hay abiertas una veintena de causas judiciales, aunque todavía queda pendiente un pronunciamiento firme en torno a la licencia de obras. EFE
