Una Ley de Cambio Climàtico para España: 10 propuestas ineludibles. Por (*) Teresa Ribera

Una Ley de Cambio Climàtico para España: 10 propuestas ineludibles. Por (*) Teresa Ribera

(*) Teresa Ribera para #CDO de @efeverde.- A finales de 2016, Mariano Rajoy anunció que la medida estrella de esta legislatura sería una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En mayo de este año, reafirmando su compromiso, inaugura las jornadas participativas que, a tal efecto, organizó la Oficina Española de Cambio Climático en la sede del Ministerio de Agricultura. Entre las dos intervenciones del presidente y desde mayo, pocas señales más hemos recibido del compromiso gubernamental al respecto y ni los datos de emisiones de gases de efecto invernadero ni las evidencias de impactos, ni las posiciones del Ministro Nadal en el debate energético nacional o en las negociaciones europeas al respecto ayudan a relajarse.

El anuncio es, en si mismo, una buena noticia. Bienvenido sea el interés del gobierno y especialmente bienvenido es el enfoque participativo que los responsables de clima le quisieron dar. Rompe una inercia de años en los  que se veía la acción climática como algo costoso y difícil en lo que España tenía un papel secundario y que debía ser tomado con cautela por razones mal entendidas de solidaridad emocional con el carbón.  Hoy está fuera de toda duda que lo caro es no actuar, tanto por el coste de los impactos como por el de las tecnologías renovables, con precios mucho más competitivos que los de las tradicionales. También lo es que o nos unimos o nos hundimos: cada uno debe actuar al máximo de su capacidad y por sentido de la responsabilidad frente a nuestro propio futuro, tal y como se recoge en el Acuerdo de París. Y empezamos a entender que las sociedades modernas y solidarias lo han de ser para con las personas y no las piedras: que España ha de apoyar medias a los mineros y sus familias, pero no al carbón ni a la industria de la minería o las centrales térmicas.

Rajoy

Archivo EFE/Chema Moya

Una vez asumido que en clima, el mayor reproche caerá sobre ”quien pudiendo hacer, no hizo y miró para otro lado”,  conviene recordar que avanzar en este ámbito, exige pensar en energía y agua, en agricultura y usos de suelo, en urbanismo y ciudades, en innovación y fiscalidad, en infraestructuras y movilidad, en vulnerabilidades y resiliencia, en salud y en biodiversidad, en industria y economía digital, en seguridad, en comercio y relaciones internacionales, en políticas de cooperación… ¡Y en tantos otros ámbitos! Una agenda completa de gobierno que debe ganar coherencia, que exige un compromiso fuerte por parte de quien preside el consejo de ministros y ofrece inmensas posibilidades de construir un diálogo en positivo sobre el marco de convivencia del que los españoles nos queremos dotar.

Se trata de un cambio estructural que no es sencillo y que nadie ha completado, pero sí hay muchos países de nuestro entorno que nos llevan la delantera y que pueden servir de inspiración en la selección de algunas herramientas que faciliten el camino. Por ello, propongo diez instrumentos clave cuya inclusión en la Ley ayudaría mucho de cara al éxito de nuestra empresa común.

  1. Fijar objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones a 2050 y a 2030, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. A modo de ejemplo, el parlamento sueco acaba de aprobar una ley por la que el país se compromete a la neutralidad en carbono en 2045 y a cero emisiones en 2060. Con ello, se logra enviar un señal clara y contundente para orientar las decisiones de inversores y las orientaciones básicas para cada sector.
  2. Adoptar sendas de descarbonización a largo plazo (2050), que muestren el camino para alcanzar los objetivos fijados. Estas sendas, revisables cada 5 años, facilitan la coherencia entre la voluntad de lograr los objetivos de largo y las decisiones que se toman bajo la presión del corto plazo. Ayudan a identificar dificultades y oportunidades y, su adaptación periódica, permite capturar todos los avances que hoy no somos capaces de adivinar que puedan irse produciendo a lo largo del tiempo. Su elaboración está recomendada en el Acuerdo de Paris y forma parte de las propuestas de gobernanza del paquete europeo sobre energía y las recomendaciones del G20. Ayudan a reforzar la congruencia entre decisores sectoriales y la credibilidad del G20. Ayudan a reforzar la congruencia entre decisores sectoriales, contribuyen a facilitar un debate publico informado y refuerzan la credibilidad de las trayectorias nacionales de reducción de emisiones.
  3. La elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. Así lo han hecho ya el Banco de Inglaterra y el Banco Central de Noruega. Permite aprender a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española y sus empresas, así como favorecer indirectamente la aplicación de criterios más exigentes de responsabilidad en materia de clima por parte de los distintos actores.
  4. La creación de una comisión independiente integrada por personas de reconocido prestigio en las distintas disciplinas y políticas sectoriales en materia de clima con el mandato de adoptar un informe anual sobre el estado de España en materia de cambio climático y transición energética. Comisiones de este tipo, netamente académicas –como en el caso de la Comisión de Desarrollo Sostenible que asesora a la canciller alemana-, o mixtas –con académicos y con comisionados con un sólido pasado en el ámbito de la empresa, o de las políticas públicas, en el caso de Reino Unido y Francia- fortalecen la credibilidad y la solvencia de las decisiones públicas y ayudan a anticipar efectos no deseados e identificar errores o medidas que necesitan corrección.
  5. La remisión al Parlamento, para su aprobación, de un presupuesto quinquenal de carbono, así como la elaboración de un informe contable anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el carbono cada año y su compatibilidad con el volumen aprobado para el quinquenio. Se trata de una herramienta que complementa la función de las sendas de descarbonización a largo plazo, que facilita las orientaciones que necesitan los decisores públicos y refuerza las garantías de éxito de los objetivos a 2030 y 2050. Tanto Reino Unido como Francia cuentan con versiones distintas de este tipo de presupuestos.
  6. Integración de un análisis de compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en las memorias de planes y programas y propuestas normativas. Acostumbrarse a evaluar el impacto en emisiones de las iniciativas públicas y su compatibilidad con las características del clima futuro ayuda a hacer la mejor gestión posible de los recursos públicos, a priorizar inversiones y a fortalecer la incorporación generalizada de la perspectiva climática en la vida cotidiana de las administraciones.
  7. Inclusión de criterios “verdes” obligatorios en la contratación pública. La contratación por parte de las administraciones públicas moviliza alrededor del 20% del PIB en los países OCDE y, sin embargo, todavía no se ha generalizados la aplicación obligatoria de estándares que garanticen una mejor compatibilidad con el comportamiento de la administración y la producción de bienes y servicios con incidencia ambiental y climática positiva en relación con los objetivos perseguidos.
  8. Aprobar una reforma fiscal que permita actualizar el conjunto del sistema al modo en que entendemos hoy las manifestaciones de riqueza, la generación de costes y los comportamientos económicos que se quieren incentivar. La integración de modalidades que permitan fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal, compatibles con la existencia de otras herramientas de mercado es una necesidad ineludible. Sin embargo, con arreglo a la OCDE y a Eurostat, España sigue estando en el furgón de cola en la aplicación de la fiscalidad ambiental.
  9. Incluir entre las obligaciones de reporte anual de las empresas cotizadas la evaluación del riesgo climático y de carbono y los planes para su reducción. Esta exigencia fue incorporada de manera pionera por la ley francesa de transición energética de 2015. Su aplicación gradual y el desarrollo progresivo de la información aportada permite un aprendizaje paulatino, cada vez más sofisticado, que incide directamente en el modo en el que las empresas y los inversores diseñan sus estrategias de negocio de largo plazo y, en último término, en el coste de financiación. El Financial Stability Board del G20 encargó formalmente en 2015 a una comisión copresidida por Marc Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y Michael Bloomberg, la elaboración de una propuesta de modelo de reporte cuyo borrador fue sometido a información pública el pasado mes de febrero y que, sin duda, será uno de los elementos más relevantes en la cumbre del G20 de Hamburgo y en el contexto de la comunidad financiera.
  10. Por último, es imprescindible pensar en los colectivos más vulnerables en el proceso de transición. Por ello, la ley debería crear un Fondo para La transición Justa, con el que acompañar solidariamente a los trabajadores de sectores particularmente afectados por la transición a una economía baja en carbono o que sufran de manera especial los impactos del cambio climático. Las modalidades de intervención y acompañamiento, la identificación de los colectivos y la eficacia de las medidas serán particularmente importantes a la hora de facilitar o dificultar la transformación tan profunda que nuestra economía necesita.

 

Teresa Ribera

Teresa Ribera

(*) Teresa Ribera

Directora de Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI), Paris

Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011

 

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EFEverde de la Agencia EFE).

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